Cumplida la mayoría de edad, el derecho al uso de vivienda familiar cede a favor de su propietario.

El ser propietario de la vivienda familiar no determina que el derecho de uso le sea también atribuido al mismo tras la ruptura de los progenitores.

El artículo 96 del Código Civil configura este derecho como una medida de protección de los menores en una situación de este tipo.

En este caso le será atribuida a los hijos menores de edad, pero ¿qué ocurre con los hijos mayores de edad con alguna discapacidad?.

La condición de menor de edad es precisamente el límite temporal en sí mismo, y a su vez la garantía de su propietario de que recuperará la posesión de su vivienda una vez se deje de ser menor.

Hasta ahora el Tribunal Supremo, Sala Civil, había resuelto cuestiones referentes al derecho de alimentos de los hijos mayores de edad discapacidad pero no sobre la consideración como menor a efectos de atribuir el uso de la vivienda familiar.

La progenitora demanda la atribución de forma indefinida y no temporal de la vivienda propiedad del padre.

Tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial determinaron en sus sentencias el carácter temporal de su atribución.

Es por ello que la perjudicada acude en vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

En su sentencia el TS  desestima igualmente el recurso de la progenitora, acudiendo al origen de los apoyos que la regulación que la Convención de N.Y de 2006 recoge.

Alcanzada la mayoría de edad ambos progenitores vuelven a situarse en  una situación de igualdad –artículo 96, párrafo tercero y  art 142 CC- y desde este momento el uso corresponderá al cónyuge cuyo interés sea el más necesitado de protección por el tiempo que “prudencialmente se fije, como hizo la sentencia recurrida”.

Considera así que “prescindir de este límite temporal en el caso de hijos discapacitados o con la capacidad judicialmente modificada en razón a dicho gravamen o limitación sería contrario al artículo 96 CC , y con ello dejaría de estar justificada la limitación que este precepto prevé a otros derechos constitucionalmente protegidos, pues impondría al titular del inmueble una limitación durante toda su vida, que vaciaría de contenido económico el derecho de propiedad, o al menos lo reduciría considerablemente, en la medida en que su cese estaría condicionado a que el beneficiario mejore o recupere su capacidad, o desaparezca su situación de dependencia y vulnerabilidad”.

Es por tanto el interés superior del menor el que inspira la medida de uso de la vivienda familiar, y de esta forma no es en todo caso equiparable al del hijo mayor con discapacidad en orden a otorgar la especial protección que el ordenamiento jurídico dispensa al menor.

 El interés del menor tiende a su protección y asistencia de todo orden, mientras que el de la persona con discapacidad se dirige a la integración de su capacidad de obrar mediante un sistema de apoyos orientado a una protección especial, según el grado de discapacidad”.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 19 de enero 2017, nº 31/2017, recurso 1222/2015

 

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