Internamiento involuntario de los mayores

En España, más del 32% de las personas mayores de 65 años presentan algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la población.

Así nos informa  la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en su  Exposición de Motivos.

El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002) subrayó que, en todo el mundo, “los problemas de salud mental se cuentan entre las causas principales de discapacidad y de reducción de la calidad de vida”.

 Es evidente que “los problemas de salud mental no son un resultado inevitable del envejecimiento”, pero éste “hace prever un aumento importante del número de personas de edad que padecen enfermedades mentales”.

Son tres las condiciones para internar en centros especializados a un mayor de edad, según el Tribunal Constitucional que, a su vez parte de la doctrina del TEDH sobre el art. 5.1.e CEDH :

1) el trastorno mental debe ser declarado por una autoridad competente con fundamento en un informe médico objetivo (debe quedar constatado);

 2) debe ser de un tipo o de un grado tal que requiera el ingreso;

 3) la validez de su prolongación radica en la persistencia del trastorno (STEDH de 24 de octubre de 1979, caso Winterwerp contra Holanda, que constituye el precedente en el que se funda toda la reiterada doctrina de las resoluciones posteriores).

 

Urgencia del internamiento, definición:

La característica común es que hacen referencia a una intervención inmediata e ineludible.

 En materia de sanidad, suele atender al riesgo para la salud y, en materia de acción social, a hechos que generan desprotección grave de forma colectiva (por ejemplo, un derrumbe de casas motivado por un aguacero o una situación de catástrofe –atentado, huracán, terremoto…-) o individual. En los casos de acción social, la actuación resulta necesaria para evitar que la situación se agrave o genere mayor perjuicio.

En lo que concierne a situaciones individuales referidas a ancianos, las más frecuentes son las de pérdida o desorientación (por ejemplo, la Policía encuentra a una persona con demencia senil en la calle en situación de riesgo), abandono o maltrato y, por último, cuando la red de apoyo familiar desaparece por  acontecimientos imprevistos o por imposibilidad de asumir el cuidado (por ejemplo, en los casos de familiar único que sufre enfermedad o accidente repentino).

Los Sres. Fiscales, en la interpretación del término “urgente”, se ceñirán al contexto en que se realiza la intervención (asistencial, sanitario o socioasistencial), rechazando interpretaciones indebidamente restrictivas.

Asistencia letrada. ¿Puede defenderse a sí mismo?:

Puede el mayor optar por un Abogado y Procurador “que sean de su confianza o designados por el Juzgado de entre los del turno de oficio” conforme a la STC nº 22/2016.

Si no se pronuncia el mayor “bien porque no desea hacerlo, bien porque no es capaz de comprender lo que el Juez le dice o de comunicar una respuesta, su representación y defensa deben ser asumidas por el Fiscal actuante en la causa.

 “Aunque el nombramiento de defensor judicial es una institución tendente a garantizar los intereses del presunto incapaz supliendo su inactividad, no puede ser sustitutiva de la voluntad manifiesta de éste de comparecer personalmente en el procedimiento”.

 “la única posibilidad de hacer efectiva la personación (…) es mediante Abogado y Procurador, estando vedada legalmente la posibilidad de autodefensa”. STC nº 7/2011, de 14 de febrero.

El breve plazo, no debe ser óbice para que el derecho de defensa pueda tener efectividad. STC nº 22/2016.

 

Intervención de oficio:

Un internamiento urgente es una medida adoptada por el responsable del centro en atención a las circunstancias.

En este punto, la labor del Juez se limita a ratificarlo (en garantía de la libertad ambulatoria) si se han observado las exigencias del art. 5.1 CEDH, 17 CE y 763 LEC.

De no respetarse  los requisitos de la fase extrajudicial, concurre una  vulneración y no estaríamos ante una simple “regularización”, debiendo cesar tal ilicitud.

Es precisamente para evitar perjuicios o peligros por lo que la Ley exige la intervención de oficio (arts. 158 y 216 CC).

Establece una serie de medidas de protección jurídica que pueden “adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria”.

La medida no la adopta el responsable del centro, sino que comporta una actuación judicial directa en atención a la situación personal del afectado  (la lesión del derecho a la libertad es actual y las necesidades de protección también), ponderando los derechos en conflicto.

Por tanto, en el supuesto analizado, el Juez, al tiempo en que decide no ratificar el internamiento urgente (el derecho se ha vulnerado y no cabe regularización, como ya se ha dicho), debe acordar una medida de protección desde ese momento con fundamento en un título legítimo e independiente del anterior que permita la privación de libertad si ha lugar a ello y dentro de ese procedimiento.

Conclusiones de la Circular:

Destacaremos dos de entre las 17 Conclusiones expuestas.

En la  Conclusión nº 16 se refiere a la no aplicación del plazo del art. 730.2 LEC para la interposición de la demanda por el Ministerio Fiscal en los casos de medidas cautelares previas (762 LEC).

En la Conclusión nº 17ª   señala que en los casos en que se estime que, pese a concurrir causa del art. 200 CC, no existe motivo para interponer la demanda, por resultar innecesaria o desproporcionada, y se haya acordado el internamiento en fase cautelar previa (art. 762 LEC), los Sres. Fiscales -tras dictar el correspondiente decreto en las diligencias preprocesales- interesarán del Juzgado el cese de la medida cautelar y, en su caso, el mantenimiento de la situación de internamiento como medida  autónoma de protección jurídica, conforme a los arts. 158, 216, 303 y 304 CC, cuya vigencia puede prolongarse “mientras se mantenga la situación de guarda de hecho”.

Por último, los Sres. Fiscales quedan vinculados a las prescripciones de la Circular.

 

Normativa relacionada:

Circular 2 /2017, sobre el ingreso no voluntario urgente por razón de trastorno psíquico en centros residenciales para personas mayores. Ver Circular

 

Sentencias relacionadas:

Tribunal Constitucional. Proceso de Incapacitación. Sentencia 85/2017, de 3 de julio de 2017. Recurso nº 6179/2015. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías: celebración de vista sin la presencia del Fiscal designado para intervenir como defensor del demandado (STC 31/2017).

 

 

Foto: unplash

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