Si mi Compañía Telefónica empieza a cobrarme un servicio hasta ahora gratuito ¿puedo negarme?

Todos nos hemos preguntado alguna vez si es legal  que nuestra Compañía telefónica nos cambie las condiciones del contrato que firmamos, especialmente cuando vemos aumentado el precio de la tarifa que nos llega a fin de mes.

Es habitual que las Compañías incrementen el precio avisando con algo de antelación al cliente incluyendo en el mismo la justificación del aumento. Entramos a cuestionarnos ahora  si se trata entonces de una modificación de las condiciones contractuales o del nacimiento de un contrato nuevo.

El pleito que veremos hoy se inicia frente a Telefónica, la cual en el transcurso de nueve años pasa de prestar a sus clientes el servicio de identificación de llamadas entrante –SILL- de forma gratuita, a cobrar por el mismo, eso sí, comunicando previamente a las administraciones públicas, así como a sus clientes, acerca de que el servicio de identificación de llamadas dejaba de ser gratuito y tenía un coste mensual de 0,58 Euros, decía así:

« informamos que a partir de la fecha 10 junio … finaliza la promoción de gratuidad del servicio de identificación de llamadas, pasando a cobrar por el servicio de identificación de llamadas 0.58 Euros».

 En la factura de notificación incluyó los derechos del usuario y la posibilidad de darse de baja de los servicios contratados y el modo de verificarlo, facilitando asimismo un número de teléfono, gratuito, para poder ampliar esa información.

Cambio de criterio que costó a la Compañía una demanda, instada por el propio Ministerio Fiscal, ante el Juzgado de lo Mercantil, en un procedimiento de cesación en defensa de intereses colectivos, que declarase nula la cláusula por la que Telefónica imponía y cobraba al usuario el SILL, el cual no había solicitado ni contratado previamente, y sobre el que no había recibido información relevante, veraz y suficiente.

En una primera sentencia, el Juzgado de lo Mercantil estima no ser nula la cláusula interpuesta por la Compañía Telefónica, y por ello desestima la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal.

Por el contrario, la Audiencia Provincial dicta sentencia estimatoria del recurso de apelación y declara la nulidad de la cláusula con la condena de la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a eliminar del contrato la cláusula declarada abusiva. Telefónica presenta sendos recursos, desestimando el Tribunal Supremo los mismos, entre ellos el recurso de casación, con su condena en costas correspondiente.

De entre los argumentos del TS para reforzar los que por su parte realiza la AP están que, “la razón por la que es declarada nula y abusiva no se halla en la infracción del art. 89.4 TRLGDCU («la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados»), sino en los reseñados art. 62.1 y 99.1 (al no constar la voluntad inequívoca de los usuarios de contratar este servicio oneroso de identificación de llamadas).

Telefónica recurre la sentencia de la AP por vulnerarse en ella la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la validez del consentimiento prestado por medio de actos claros e inequívocos, que se da sin necesidad de formalización concreta o específica por escrito o medio equivalente “especialmente en el marco de una previa relación contractual de tracto sucesivo de duración indeterminada”, así como por tratarse de una comunicación al usuario clara y transparente sobre las nuevas   condiciones y poder verificar fácilmente la aceptación o consentimiento.

Haciendo remisión a los fundamentos de la Audiencia, donde “aprecia la nulidad de la cláusula contractual (…) porque considera que se trata de una contratación de un servicio nuevo, y no una modificación de las condiciones ya existentes”. Y de ahí el TS afirma que “Telefónica ha seguido el sistema previsto para la modificación de condiciones, en el que no se deja constancia inequívoca del consentimiento de los consumidores titulares de las líneas afectadas, sino simplemente se introduce en las facturas la cláusula que avisa de que a partir de una fecha pasará a cobrarse este servicio SILL, y que el cliente puede renunciar al servicio. De aquí no cabe deducir inequívocamente el consentimiento del cliente. Por esta razón, la Audiencia, con acierto, declara la nulidad de la cláusula”.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 47/2017 de 26 de enero. 2017, Recurso nº 1171/2014.

Normativa relacionada:

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

Foto: unplash

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