Cláusulas Suelo. Acuerdo previo a la vía judicial

Este mes de enero el Gobierno ha aprobado un mecanismo de resolución de conflictos a raíz de la inclusión en los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria, por parte de las entidades financieras de las denominadas Cláusulas Suelo, estas impedían al cliente –consumidor- beneficiarse de una posible reducción del tipo de interés cuando bajara el mismo-si se pactaron intereses variables- quedando por tanto obligado el cliente a pagar, en todo caso, un tope estipulado –generalmente superior al 3%-.

Es una vía de resolución previa a la vía judicial dirigida a los Bancos y sus clientes afectados por este tipo de Cláusulas, que se aprueba a través del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Es considerado consumidor o usuario la persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

También las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial- todo ello sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en los libros tercero y cuarto del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Así lo establece el artículo 3  (al que remite el propio artículo 2 del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero).

Es considerada como cláusula suelo “cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato”.

El sistema de reclamación previa a la vía judicial deberá ser implantado por la propia entidad de crédito, siendo voluntario su uso para el consumidor.

“Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario.

Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.

El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la entidad de crédito acordará con el consumidor la devolución del efectivo.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:

  1. Si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.
  2.  Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante.
  3.  Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida.
  4. Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

“Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Asimismo, comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas”.

El apartado 4 del artículo 3 del RDLey impide a las partes ejercitar acción judicial o extrajudicial mientras esta vía de reclamación previa esté activa, así “ Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalización del procedimiento y con el mismo objeto que la reclamación de este artículo, cuando se tenga constancia, se producirá la suspensión del proceso hasta que se resuelva la reclamación previa”.

Un tema de gran interés para el cliente son los costes del procedimiento ó costas procesales.

Pagará las costas la entidad financiera en el supuesto de que el consumidor rechace el cálculo de la cantidad a devolver o decline la devolución del efectivo y proceda a presentar una demanda judicial, siendo la sentencia más favorable que la oferta que recibió previamente.

Otra de las situaciones que pueden surgir son estas:

 Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial.

a) En caso de allanamiento de la entidad de crédito antes de la contestación a la demanda, se considerará que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el artículo 395.1 segundo párrafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito antes de la contestación a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podrá imponer la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado económico fuera más favorable que la cantidad consignada.

En lo no previsto en este precepto, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Es el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Ver  RDLey

Sentencias relacionadas:

Sentencia del TSJUE de 26 de enero de 2017. El TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas respecto a la interpretación de los arts. 3, 4, 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Ver sentencia del TSJUE

Sentencia del TSJUE de 21 de diciembre de 2016. Retroactividad absoluta de la nulidad de las cláusulas “suelo” de préstamos hipotecarios. Interpreta el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993. Ver sentencia del TSJUE

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 20 de abril de 2017, nº 247/2017, recurso nº 1707/2014.

 

Notas de prensa del Tribunal Supremo sobre la retroactividad total de las reclamaciones:

Nota del Tribunal Supremo, Sala Civil. Recurso de casación 740/2014. Ver nota

Nota del Tribunal Supremo, Sala Civil. Recurso de casación 2223/2014. Ver nota

 

Otras Disposiciones del RDL 1/2017:

 Régimen de adaptación de las entidades de crédito.

Las entidades de crédito deberán:

1.- Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estarán obligadas a articular procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones.

2.-Disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas en el ámbito de este real decreto-ley, y deberán poner a disposición de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web, la información siguiente:

a) La existencia del departamento o servicio, con indicación de su dirección postal y electrónica, encargado de la resolución de las reclamaciones.

b) La obligación por parte de la entidad de atender y resolver las reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de tres meses desde su presentación en el departamento o servicio correspondiente.

c) Referencias a la normativa de transparencia y protección del cliente de servicios financieros.

d) La existencia de este procedimiento, con una descripción concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que tengan las cláusulas suelo a que se refiere este real decreto-ley incluidas en sus contratos.

Los consumidores podrán presentar sus reclamaciones desde que este RD entre en vigor. El plazo de tres meses no comenzará a contar hasta la efectiva adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento, o transcurrun mes sin que la entidad hubiera puesto en marcha el departamento correspondiente.

Medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo.

Una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo.

En este caso la entidad de crédito deberá suministrarle una valoración que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince días para que manifieste su conformidad.

La aceptación de una medida compensatoria requerirá que el consumidor haya recibido información suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor económico de esa medida.

La aceptación de la medida compensatoria informada con esta extensión deberá ser manuscrita y en documento aparte en el que también quede constancia del cumplimiento del plazo señalado.

 Gratuidad del procedimiento extrajudicial y reducción de aranceles.

Este procedimiento no devenga coste alguno, claro está, aparte de los honorarios que tengan los abogados que contrate el cliente.

La escritura pública e inscripción registral del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devenga los derechos arancelarios notariales y registrales reducidos -correspondientes a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima cualquiera que sea la base, respectivamente-.

 Procedimientos judiciales en curso.

A la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las reclamaciones iniciadas ya, las partes, de común acuerdo, pueden acogerse a este procedimiento solicitando previamente la suspensión del proceso.

 

Tratamiento Fiscal de las devoluciones. Deducciones por vivienda habitual:

Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y ejercicios anteriores no prescritos, se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la  redacción:

Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

“1- No se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.

2.-Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolución prevista en el apartado 1 anterior, tendrán el siguiente tratamiento fiscal.

a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de intereses de demora.

No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este Impuestoc) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, así como las cantidades a que se refiere el segundo párrafo de la letra a anterior, no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.

Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación cuando la devolución de cantidades a que se refiere el apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales”

Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».- 20 de enero de 2017-.

Normativa relacionada:

Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

Noticias relacionadas:

Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. BOE 27-05-17.

Concretamente se señala en Madrid la exclusividad del Juzgado de Primera Instancia nº 101.

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