Aportar un informe psiquiátrico en un proceso de divorcio¿puede estar justificado?

El secreto profesional es un deber que tiene su justificación en la confianza que deposita todo paciente en el caso de los médicos, o clientes en el caso de profesiones liberales como la del abogado, a los que tiene que abrirse y contar detalles de su vida, incluso trastornos, llendo más allá, en el caso de que haya cometido infracciones o delitos.

El objeto de tal confianza está en llegar a la mayor satisfacción de los intereses del paciente o cliente, esto es, la mejora, cura, ó jurídicamente hablando, ganar una demanda, recurso ó jucio con la absolución del cliente.

El artículo 199 del Código Penal recoge el deber de guardar secreto, dice así “El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

Concretamente, ” El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”.

En el caso que vemos hoy, un señor tras conocer la publicación de un informe clínico extendido por psiquiatra neurólogo, expresivo de la patología que padecía, quien lo entrega a la que era su esposa, presenta una demanda frente a éste por vulnerar su derecho al honor. Incurre además la circunstancia agravante si cabe  de la pendencia de un procedimiento de divorcio, y de la denuncia que presentó la mujer por delito de amenazas y falta de vejaciones en el ámbito familiar.

El informe fue presentado ante el Juzgado, y tenido en cuenta para adoptarse la medida de protección solicitada. En el informe se dice lo siguiente:

«Diagnosticada de trastorno de ansiedad generalizada con crisis o ataques de angustia- ansiedad. Junto a una historia de jaqueca oftálmica o migraña. Su clínica se resumía en forma de nerviosismo, intranquilidad y crisis o ataques de ansiedad. La migraña o jaqueca tenía la clínica habitual junto con al dolor hemicraneal y síntomas neurológicos asociados. Dicha migraña es exclusivamente de carácter neurológico.

Su psicopatología: trastorno de ansiedad generalizada con crisis está en relación con stress laboral y una mala relación de pareja. El marido que ha sido visto por mí padece una celotipia delirante paranoide que constituye el principal factor desequilibrador emocional en la paciente».

La demanda se basa en la protección de derechos fundamentales y protección del derecho al honor, por entender que producida la vulneración se originó un daño efectivo en su imagen, prestigio y reputación, reclamando la condena al abono de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos de 60.000 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial, con expresa condena en costas al demandado.

Una primera sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda,  confirmada por la Audiencia Provincial, de esta forma :

“Así las cosas, no disociar o incluso no haber cercenado y omitido en ese informe de diagnóstico, lo que el doctor consideraba “principal factor desencadenante de su desequilibrio emocional”, la celotipia atribuida al marido, no puede justificar en nuestro derecho un ataque ilícito al honor y menos ver esa lesión en el hecho posterior de que, once meses después y tras someterse a una nueva valoración, el demandado alegara a la conclusión de no detectar “patología psicológica evidente”.

Informe en definitiva, en que descarta la intromisión ilícita por entenderle dentro del espacio de exclusión del artículo 8.1º de la Ley 1/1982 :

“No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.”

Considera además esta como manifestación más que atentatoria al honor, de su derecho a la privacidad o intimidad de la persona, y que constituye un concepto y bien jurídico distinto y no extrapolable.

El perjudicado por la difusión ahora por el resultado de las dos sentencias en su contra acudirá al TS por haberse vulnerado el artículo 18 CE, referido al derecho al honor.

El  Tribunal Supremo asentará finalmente  como indudable el grado de afectación del derecho al honor del marido, de esta forma:

“Estamos ante la elaboración de un diagnóstico innecesario para poder determinar la realidad familiar de su paciente frente a su esposo e injustificado respecto de una persona que no era paciente del demandado al que ni siquiera examinó específicamente y de la comunicación o revelación a su paciente de unas conclusiones médicas sobre la patología observada, lo que supone un menoscabo de la dignidad y reputación del mismo, que no estaba justificado por el ejercicio de su profesión en cuanto llega a unas conclusiones indudablemente graves sobre el demandante con la única base de las manifestaciones subjetivas de la esposa y con el único ánimo de desprestigiar a su persona o de facilitar que así fuera, como lo fue, lo que no está amparado en un ejercicio legítimo de su profesión, con vulneración del artículo 7.4 de la LO 1/1982″ .

El TS sí le concede la indemnización solicitada de 60.000 euros por los daños y perjuicios  que la difusión del informe le causó, valorando tanto las circunstancias del caso como la gravedad de la lesión- artículo 9 de la  Ley 1/1982:

“En el caso, la lesión al demandante es ciertamente grave. Se le expone como una persona afectada por un problema de salud mental sin justificación alguna y se hace con la publicidad que resulta de su difusión en un proceso penal al que se vio sometido sobre maltrato a la persona de su esposa”.

Es por tanto un “grave e innecesario ataque al honor del demandante si hubiera actuado con el rigor exigido a un profesional de la medicina”.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 575/2016, de 30 de septiembre de 2016, recurso nº 2254/2014. Ver sentencia

Normativa sobre el secreto profesional:

En relación con los médicos.- El Código de Ética y Deontología Médica señala el deber de secreto de cuanto le haya confiado el paciente y conocido el médico durante el ejercicio de la profesión, a su vez extensible tras la muerte del paciente.

En relación con los abogados.- El Código Deontológico de la Abogacía Española señala en su artículo 5 en cuanto al secreto profesional que:

“La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y Abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

El deber y derecho al secreto profesional del Abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

El Abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo.

Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus Abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional.

En caso de ejercicio de la Abogacía en forma colectiva, el deber de secreto se extenderá frente a los demás componentes del colectivo.

En todo caso, el Abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad profesional.

Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que estén limitados en el tiempo.

El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí solo no excusa al Abogado de la preservación del mismo”.

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Foto:pixabay

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