Garantías del hijo menor si el obligado al pago de alimentos oculta ingresos

De un procedimiento de divorcio, complejo entre otros por la propia naturaleza de las  relaciones personales-sentimantales, a las que se añaden terceras personas, hijos de la pareja que quiere divorciarse, se van a derivar una serie de consecuencias tanto personales como patrimoniales para los cónyuges.

Más importante si cabe es el establecimiento de la relación que va a regir a partir de entonces entre los progenitores respecto con el hijo en común.Especialmente para el progenitor no custodio van a establecerse una serie de medidas como son el régimen de visitas,  la cuantía de la pensión de alimentos, en algunos casos incluso la pensión compensatoria para el otro progenitor, así como una relación de los gastos que se consideran de tipo ordinario y extraordinario y porcentaje a abonar por los mismos.

En el caso que trata la sentencia que vemos hoy el padre de una menor de edad es demandado en un procedimiento de divorcio con solicitud de medidas de atribución de la guarda y custodia de la hija menor a la madre con ejercicio compartido de la patria potestad, atribución de la vivienda familiar  a la menor, y régimen de visitas.

Es el Juzgado que conoce de la demanda y tras valorar la prueba y las circunstancias personales y económicas de ambos, concede el divorcio y condena al padre a abonar una pensión de alimentos de 125 euros.

La relevancia de la sentencia está en que, a pesar de que uno de los padres alegue la inexistencia de ingresos económicos ó la escasez de los ingresos para poder hacer frente a una determinada cuantía en concepto de alimentos, cabe que el juez valore una presunción de percibo de ingresos por otras fuentes no declaradas u ocultadas para evitar el pago de aquellos.

Será el padre quien, en este caso, disconforme con la cuantía de la pensión de alimentos impuesta, recurre en vía de Apelación ante la AP, y al respecto alega que sus recursos económicos proceden de una pensión de incapacidad de 350 € al mes, y que con ella tiene que hacer frente a los gastos de su alojamiento, que cifra en 200 € al mes-  y a la pensión de alimentos para otros hijos habidos de una anterior relación -100 € mensuales-, quedando para poder abonar solo 50 € para la atención de las necesidades de la hija menor de edad.

La AP, a su vez, confirma la argumentación de la madre en cuanto al planteamiento de que el padre debe disponer de otros medios económicos, ocultados en su exposición, con los que cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido y transporte.

“Partiendo de tal presunción y del dato de que la actora es beneficiaria del subsidio de desempleo, sin que disfrute de una situación económica que le permita cubrir de modo autónomo los gastos básicos de la hija, sin la ayuda del otro progenitor, concluye que el pronunciamiento impugnado no vulnera por exceso los parámetros legales sino que armoniza los intereses en juego, en un equilibrio siempre difícil”.

El padre acude a la vía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con motivo en la infracción del juicio de proporcionalidad en la fijación de la cuantía de la pensión de alimentos y el principio de igualdad en materia de alimentos.

Tras conocer del recurso, el TS recuerda la sentencia de 12 de febrero de 2015 en relación a la diferencia entre pensión de alimentos a menores de edad y mayores:

“ha de predicar un tratamiento diferente «según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención».

(…) “ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y
revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC ( STS 16 de diciembre de 2014, Rc. 24 19/2013 )… lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante”.

Por lo anterior, “aún partiendo de la precariedad económica de los progenitores y del equilibrio de intereses, … ante la más mínima presunción de ingresos cualesquiera que sea su origen y circunstancias, se ha de fijar un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutirles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentarte.

Es cierto que esta Sala (SSTS de 2 marzo de 2015 y 10 de julio de 2015 ) declara que la falta de medios determina otro mínimo vital, que es el del alimentante, con soluciones a decidir acudiendo a aquellas personas que por disposición legal están obligadas a prestar alimentos ( artículo 142 y siguientes CC ) o a servicios sociales de las Administraciones públicas, pero, sin embargo, ello no es el supuesto aquí enjuiciado en el que el Tribunal de apelación acude a la presunción de ganancias a la hora de fijar el juicio de proporcionalidad”.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 25 de abril de 2016, 275/2016, recurso número 1691/2015.

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