Si tengo un blog ¿soy responsable de los comentarios de los usuarios?

Actualmente acostumbramos a oír en los medios de comunicación, generalmente a personas famosas, que va a interponer una demanda para proteger su derecho al honor con ocasión de expresiones emitidas por alguna otra persona en algún medio de comunicación.

También tanto la creación de un propio blog, como la posterior difusión de su contenido, así como del contenido de otros blogs y páginas web, es un fenómeno habitual y creciente en su empleo por cualquiera de nosotros hoy en día.

Hoy vamos a ver qué ocurre cuando abres una página web o blog cualesquiera y ves que en ella se publican datos sobre tí, y que además, pueden incluir insultos.

En la sentencia que trataremos, la persona que lee una serie de comentarios sobre su persona publicados en una página web, presenta sendas demandas de protección jurisdiccional civil del derecho al honor contra Izquierda Unida Federal e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, titulares de aquella.

Como antecedentes, el demandante se puso a colaborar en el año 2011 en la creación del nuevo partido político y al poco tiempo, en la página web de los demandados, se podía leer la siguiente noticia:
«nos ha llegado una carta invitándonos al acto de presentación de un nuevo partido en Colmenar Viejo, que reproducimos más abajo. El contenido de la carta no necesita más comentarios».

Dicha carta de invitación al acto de presentación del «Partido Político Democracia Directa del Amor, la Sonrisa y el Método Científico», se reproducía y firmaba el demandante como presidente. A continuación se abría el espacio destinado a «comentarios».

Entre estos comentarios se detallan en la demanda los siguientes:

El 12 de marzo de 2011, alguien que se identificaba como « Santiago » escribió el siguiente comentario:

«[…] en lo del amor creo que se equivoca: la imagen del nuevo líder tendría que asemejarse a la de la Cicciolina, y a mí la verdad el “señor” Ceferino no me pone nada y solo de pensar en él en calzoncillos me da grima. En lo de la sonrisa sí que ha estado fino, porque tengo que confesar que yo me he reído un rato a su costa y ha sido motivo de mofa y chistes fáciles durante un par de días. Lo del método científico desluce mucho, a no ser que el señor Edmundo presente la campaña en calzoncillos y con la tesis doctoral debajo del brazo».

Otra persona bajo el pseudónimo « Chapas » escribió en la web este comentario:
«Con motivo de este mensaje -o “post” como dicen los modernos- que no cunda el pánico, vamos que no cunda nada, esto es la penúltima cagada del susodicho personaje y el que le conozca un poco sabe que amaga pero no da […]».

El 29 de marzo de 2011, alguien que se identificaba como «Estafado-por- Ceferino » escribió un nuevo comentario en el que afirmaba que el demandante:
«[…] es el gerente administrador único de la empresa Siem-Informática sita en Colmenar Viejo en concurso de acreedores, con sentencia en firme en contra de ella y su administrador, al no pagar durante más de un año a una trabajadora suya, dejándola a deber más de 140.000 euros, así como diversos préstamos a entidades bancarias, que asciende a la cuantía de más de 1 millón de euros. Y él de rositas, monta empresas paralelas, periódicos etc…menudo sinvergüenza en Colmenar Viejo…».

Otra persona que se identificaba con el pseudónimo « Limpiabotas » escribió:
«que quede claro que porque mi padre sea un sinvergüenza y un chorizo no todos los de la familia lo somos. Sí es cierto que tiene muchas demandas y ha estafado a los bancos, pero yo no soy así».

El 31 de marzo de 2011, el demandante trató de publicar un comentario en el foro, bajo pseudónimo, con el texto «todo lo que se ha publicado por Izquierda Unida sobre Edmundo es falso. Ya se podía dedicar a hacer política para los ciudadanos y no para ellos».

Este comentario fue censurado y eliminado de la web, lo mismo que sucedió con un comentario remitido por D. Julián .

La reclamación solicitada es la declaración de tal actuación como una intromisión ilegítima en su derecho al honor, la publicación de la sentencia en varios medios de comunicación locales de Colmenar Viejo y la condenara a las demandadas a abonarle la indemnización de 10.000 euros por los daños morales.

El Juzgado de primera instancia desestimó las demandas acumuladas en su integridad por no ser las demandadas conscientes de los comentarios colgados en la web y de su capacidad lesiva para el demandante. “No apreció que existiera negligencia por no haber retirado los citados comentarios, que consideró opiniones de terceros, que no suponían una imputación delictiva concreta, en los que no apreciaba intención de ofender, y se enmarcaban en la creación de un nuevo partido y la proximidad de las elecciones municipales a las que se presentaba el demandante”.

La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por el ofendido, y revocó la sentencia de primera instancia, al considerar que los hechos objeto del litigio constituían una intromisión en el derecho al honor del demandante, por lo que condenó a cada una de las demandadas a indemnizarle en 5.000 euros, a publicar la parte dispositiva de la sentencia en el propio foro de la web «iucolmenarviejoblog.wordpress.com» y al pago de las costas de primera instancia.

La Audiencia desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta que las demandadas, Izquierda Unida Federal e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, los cuales reconocieron ser las titulares de la web, lo que hizo innecesario que el Juzgado enviara un oficio para averiguar la titularidad de la misma.

De entre los argumentos de la AP, destacamos en cuanto a los comentarios publicados en la web que “constituían graves insultos para el demandante, que excedían de la confrontación entre partidos, y si bien en lo que respecta a los primeros comentarios publicados en la web (los que contenían comentarios jocosos sobre el nuevo partido y el demandante) se podría estar de acuerdo con la Juez de Primera Instancia en cuanto a que los mismos pueden constituir un tratamiento irónico o burlesco de la situación creada, aprovechando la hilaridad que causa el nombre del nuevo partido («Democracia Directa del Amor, la Sonrisa y el Método Científico»), sin embargo, no se entendía qué relación guardaba con este tono irónico y de mofa imputar una conducta delictiva al demandante, como es la de estafador, o calificarle de chorizo y sinvergüenza, en su ámbito empresarial o de negocio, que no político. Tales descalificaciones excederían del ámbito de confrontación entre partidos políticos en la proximidad de unas elecciones, pues se están imputando al demandante actitudes delictivas, para hacer desmerecer la opinión y la fama del demandante como miembro del nuevo partido”.

Según la Audiencia, se habría rebasado ampliamente el tono de una crítica desabrida o molesta, para caer en la descalificación mas vejatoria, difundiendo hechos que carecen de interés general o relevancia pública, sin que el hecho de que el demandante hubiera ocupado cargos políticos justificara comentarios que atacaban su honestidad e integridad como persona, en su ámbito privado y profesional.

Por lo anterior, la Audiencia apreció la responsabilidad de las demandadas como titulares de la web, que constituía un foro en el que quienes se inscribían podían exponer sus opiniones, al no vigilar adecuadamente los comentarios vertidos en ella, máxime cuando existía un moderador en el foro que, por el contrario, sí impidió el acceso de mensajes que desmentían los ofensivos, lo que suponía el conocimiento efectivo de tales mensajes ofensivos, cuya ilicitud era patente, sin necesidad de una resolución judicial que así lo declarara. Aplica para ello los arts. 13.2, 16 y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Respecto de la indemnización, la Audiencia la circunscribió a los daños morales, tuvo en cuenta las circunstancias expresadas a lo largo de la sentencia (gravedad de las imputaciones, haber sido vertidas en un ámbito municipal en el que la proximidad a los problemas y el conocimiento de las personas y sus circunstancias hacen que el daño que las graves imputaciones causaban al demandante sea mayor) y fijó la indemnización en 5.000 euros a cargo de cada demandada. Acordó también que la resolución se publicara en la web pero no en otras publicaciones basando esto en que no aparecieron tales publicaciones en otras publicaciones.

El conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor ha sido abordado por el Tribunal Constitucional y la Sala Civil del Tribunal Supremo no en pocas ocasiones, resultando además que ambos derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 53.2. de la Constitución, tienen igual grado de protección.

El honor constituye un “concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento”, conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional número 180/1999, de 11 de octubre , FJ 4, 52/2002, de 25 de febrero, FJ 5 y 51/2008, de 14 de abril , FJ 3.

Derecho al honor que protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos –STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12-, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella- STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7-.

Al hilo de lo anterior, son precisamente las libertades de expresión e información las que están limitadas por el derecho al honor ( art. 20.4 de la Constitución ), si bien, en palabras textuales de la sentencia que abordamos hoy del TS, “este derecho constituye no solo un límite a dichas libertades sino también un derecho fundamental en sí mismo ( art. 18.1 de la Constitución ) que protege un determinado ámbito de dignidad e indemnidad para su titular, por lo que se produce una limitación recíproca entre tales derechos fundamentales y libertades públicas.

La limitación del derecho al honor por las libertades de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos fundamentales, que debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Por ponderación se entiende la operación por la cual, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, se procede al examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

La técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde este punto de vista, la ponderación debe partir de que las libertades de expresión e información, si bien no son superiores jerárquicamente, sí han de considerarse en abstracto, en situaciones de conflicto, prevalentes sobre el derecho al honor por su doble significación como derecho de libertad, que atribuye una potestad jurídica a su titular, y como garantía institucional para el debate público y la formación de una opinión pública libre, indispensable para una sociedad democrática.

La ponderación debe tener en cuenta que la libertad de información ampara noticias que pueden afectar negativamente al honor del afectado si concurre el requisito de veracidad y la relevancia pública, bien por la materia sobre la que versa, bien por el carácter de personaje público de la persona sobre la que se informa; y que la libertad de expresión comprende la critica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática.

Como ha declarado esta sala en ocasiones anteriores, con cita de sentencias del Tribunal
Constitucional, cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos, si no es posible separarlos, habrá de atenderse al elemento preponderante. Ese elemento preponderante, en el caso objeto de este recurso, es el valorativo, pues los comentarios publicados en la web que son objeto de la demanda son principalmente calificativos dirigidos al demandante”.

Si bien el Alto Tribunal admite la transimisión que en el blog se hace de informaciones acerca del demandante, datos como que es el gerente administrador único de la empresa Siem- Informática sita en Colmenar Viejo en concurso de acreedores, con sentencia en firme en contra de ella y su administrador, al no pagar durante más de un año a una trabajadora suya, dejándola a deber más de 140.000 euros, así como diversos préstamos a entidades bancarias, que asciende a la cuantía de más de 1 millón de euros», pese a lo cual, el demandante «monta empresas paralelas, periódicos», se le ha dado, tanto por el Juzgado como por la AP,una trascendencia secundaria, centrando el carácter infractor del honor en los calificativos dedicados al demandante de «estafador», «chorizo», «sinvergüenza».

La técnica de ponderación exige valorar, dice el TS, “en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión, considerando las distintas circunstancias concurrentes y así decidir cuál de los dos derechos debe prevalecer.

Se ponderará si la información o la opinión se proyectan sobre una materia de interés general o sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, pues entonces el peso de las libertades de expresión e información es más intenso. La relevancia pública o interés general constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia de las libertades de expresión e información cuando las informaciones o las opiniones redunden en descrédito del afectado.

La jurisprudencia admite que se refuerza la prevalencia de las libertades de expresión e información respecto del derecho de honor en contextos de contienda política.

La protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se
emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con ella”.

Por tanto, el carácter de crítica política a la actuación del demandante con relación a ese partido político que tienen tales opiniones y la relevancia pública, en el ámbito local en que se desarrollan los hechos, del personaje respecto del que se realizan, justifican la prevalencia de la libertad de expresión, “aunque hayan podido resultar molestas o desabridas para el demandante. Pero otras expresiones, como las que afirman que el demandante es un estafador o le califican como «chorizo» y «sinvergüenza», publicadas en la web «iucolmenarviejoblog.wordpress.com», han sobrepasado el ámbito de la libertad de expresión que resulta constitucionalmente amparado, pues vulneran de modo ilegítimo el derecho al honor del demandante, de un modo que este no se encuentra obligado a soportar, pese a la mayor tolerancia exigible a las personas que ocupan un cargo público”.

Además, “la prevalencia que la jurisprudencia constitucional ha otorgado al derecho fundamental a la libertad de expresión cuando entra en conflicto con el derecho al honor de una persona que ocupa un cargo público es funcional. El sacrificio del derecho al honor del cargo público solo se justifica cuando tal libertad se ejercita conforme a su naturaleza y su función constitucionales, esto es, cuando contribuyen al debate político en una sociedad democrática, incluso cuando se haga de un modo hiriente o desabrido.

Pero quien desempeña un cargo público, o tiene una relevancia pública por otra razón, no queda completamente despojado de sus derechos de la personalidad, y el empleo de insultos y expresiones vejatorias, desconectadas del mensaje político que se quiere transmitir e innecesarias para transmitirlo, consentidas durante un tiempo prolongado en la web de las demandadas, no cumple la función constitucionalmente otorgada a la libertad de expresión, por lo que no puede justificar la preponderancia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor.

La consecuencia de lo expresado es que la intromisión que el demandante sufrió en su derecho al honor al afirmarse que había cometido estafas y calificarle como «chorizo» y «sinvergüenza», no está justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pues no existe un derecho al insulto constitucionalmente protegido, incluso aunque la persona contra quien se dirigen los insultos ostente un cargo público y las expresiones insultantes se realicen en relación con cuestiones de carácter político, como era en este caso la incorporación del demandante a un nuevo partido político de nombre inusual.

Debemos resaltar que los comentarios en que se contenían las expresiones ofensivas no se publicaron en relación con una noticia que implicara al demandante en hechos delictivos, que explicara de algún modo la utilización de calificativos de ese tipo, sino en relación con la noticia de la presentación de un nuevo partido («Democracia Directa del Amor, la Sonrisa y el Método Científico») en el que el demandante aparecía como presidente, por lo que no había una conexión razonable entre el mensaje político contenido en la página web y los calificativos ofensivos destinados al demandante”.

Otro punto relevante de la sentencia del TS es la decisión respecto de la responsabilidad del titular de la web por los comentarios ofensivos publicados en el foro abierto en dicha web, realizados por terceras personas.

Regulado ya por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2.000, sección cuarta de su capítulo segundo, el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información, y Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, al incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva-artículo 13, apartado 2 -para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, el art. 16 de la ley señala que en relación con los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización o, si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos”.

Recuerda la Sala las sentencias 773/2009, de 9 de diciembre , 316/2010, de 18 de mayo ,72/2011, de 10 de febrero , 742/2012, de 4 de diciembre , 128/2013, de 26 de febrero , 144/2013, de 4 demarzo , y 805/2013, de 7 de enero de 2014 , donde se pronunció sobre la interpretación del artículo 16 conforme a la Directiva 2000/31/CE , referido al conocimiento efectivo, a cuya ausencia se condiciona, en uno de los supuestos, la liberación de responsabilidad de la prestadora de servicios de alojamiento por la información almacenada a petición del destinatario de aquellos.

La Sala La Audiencia ha razonado correctamente las bases sobre las que sustenta la afirmación del conocimiento efectivo que tenían las demandadas sobre el contenido de los comentarios publicados en su web, y considera como tal conocimiento efectivo aquel que se obtiene por el prestador del servicio “a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate”.

Por otro lado, la página web contaba con sistemas de control, detección o moderación de su contenido,” hasta el punto de que comentarios favorables al demandante fueron censurados, mientras que permanecieron publicados los que resultaban ofensivos. Por tanto, tales controles no funcionaron adecuadamente desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales de los afectados. Califica de correcta la afirmación de la Audiencia de que se debió reaccionar frente a los comentarios ofensivos y prohibir el acceso de los mismos a la página, nada de lo cual hizo la responsable de la web, a través del moderador que designó, pese a ser conocedor de las expresiones difundidas a través del foro, como lo demuestra la
«moderación» (en realidad, negativa a publicarlo) del mensaje enviado por el demandante.

Como dijimos en la sentencia 128/2013, de 26 de febrero , la titular de la página web, creadora del foro de debate abierto, debe extremar las precauciones y ejercer un mayor control sobre las opiniones y comentarios alojados, cuyas connotaciones despectivas y peyorativas para terceros no podían pasarle inadvertidas, y procurar de este modo la pronta retirada de aquellos que manifiesta e inequívocamente aparecieran como gravemente injuriosos.

En el caso enjuiciado, el titular de la web había adoptado las precauciones y el control en tanto que había designado un moderador que filtraba el acceso a la web de los comentarios que hacían terceras personas, permitiendo la publicación de algunos (entre los que están los que resultaban injustificadamente ofensivos para el demandante) y denegando la publicación de otros (entre los que estaban los favorables al demandante). No puede por tanto alegarse la dificultad de controlar el contenido de la página web, porque el control existía. Y, con «conocimiento efectivo» del contenido de los comentarios y de su ilicitud, se publicaron comentarios con expresiones que, a simple vista, el moderador del foro de la página web podía ver que resultaban difamatorias para el demandante y que no estaban relacionadas con el contenido de la información que se publicaba sobre el mismo, con relación a la cual se realizaban los comentarios. Se trata de un caso en el que, al igual que el que fue objeto de enjuiciamiento en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de junio
de 2015 (caso Delfi contra Estonia ), «no era necesario someter [los comentarios] a un análisis lingüístico o jurídico para establecer que eran ilícitos: la ilicitud aparecía a primera vista» (párrafo 117 de esta sentencia)”.

El tenor literal del Fallo de la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo dice así:

F A L L O Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Izquierda Unida Federal contra la sentencia 47/2015, de 4 de febrero, dictada por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación 460/2014 .

2.º- Imponer a la recurrente las costas del recurso de casación.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 5 de mayo de 2016, número 1261/2015, recurso 297/2016.

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