Cuándo responde el cónyuge de las deudas de la empresa en concurso de acreedores del otro

Cuando se dan las circunstancias para entrar en un concurso de acreedores la persona física o jurídica deudora debe realizar un inventario de aquellos bienes que integran tanto el activo como el pasivo de la masa concursal.

La circunstancia especial que se da en la sentencia de hoy es que tras el divorcio de la pareja en régimen de sociedad de gananciales, el esposo incluye como deuda una serie de créditos contraídos indivudualmente como generados durante la vigencia de la sociedad de gananciales.

Tras impugnar el inventario de bienes se abre pieza de incidente concursal ante el Juzgado Mercantil.

Inicialmente el Juzgado mercantil constata la satisfacción de deudas arrastradas años atrás por el ahora concursado, y no sin embargo que la finalidad de los gastos se correspondiera con alguno de los gastos recogidos en el artículo 1362 del Código Civilsostenimiento de la familia, adquisición, tenencia y disfrute de bienes comunes, administración ordinaria de bienes privativos y explotación regular de negocios o desempeño de profesión u oficio de cada cónyuge- de lo cual no existía prueba directa alguna.

Recurrida por el esposo la sentencia ante la  Audiencia Provincial,  por no existir una presunción de ganancialidad pasiva (principio de cogestión y codirección de los arts. 1367 y 1375 CC , por los cuales las deudas deben reputarse de responsabilidad individual del cónyuge que las contrajo personalmente, excluyendo de tal regla general la concurrencia de un consentimiento del otro cónyuge o bien el hecho de que la deuda derive de los supuestos previstos en los arts. 1362 y 1365 CC) .

Es la AP la que concreta que, para que las deudas por préstamos y disposiciones de tarjetas de crédito pudieran formar parte del pasivo de la sociedad de gananciales-de acuerdo con los arts. 1362 y 1365 CC- debía probarse que estos préstamos y disposiciones de tarjetas de crédito sirvieron para afrontar el sostenimiento de las cargas familiares.

Y finalmente la Audiencia lo da por probado  basándose en la presunción judicial, que extrae de tres hechos indiciarios que, sin embargo, sí considera acreditados:

primero el hecho de que el dinero se ingresaba en cuenta común, sobre lo que nada se contra-argumenta en la oposición al recurso, cuenta de la que disponía la esposa;

segundo, que devenían necesarios ante las circunstancias de paro padecidas intermitentemente en los periodos que señala y ante los gastos familiares, en un núcleo conformado por dos hijos estudiando, gastos generales asumidos a partir de una única fuente de ingresos, el salario del demandante;

y, tercero, visto el importe y cadencia temporal de los préstamos -a lo largo de siete años, entre 2005 y 2012-, en general, a salvo el concertado con ING Direct NV por importe de 34.224,70 euros, por importes menores, muy propios del consumo”.

Recurrirá la esposa la sentencia por infringir el art. 217 LEC  sobre la carga de la prueba.

En cuanto a las consecuencias de recaer la carga de la prueab el TS responde así:

las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria ( Sentencia 333/2012, de 18 de mayo ). Y el tribunal no ha necesitado acudir a las reglas del art. 217 LEC  “razón por la cual no las ha podido quebrantar”.

Respecto del consentimiento de la otra persona “además de responder los bienes privativos de quien contrajo la deuda, pues como deudor está sujeto a la responsabilidad patrimonial prevista por el art. 1911 CC , el artículo impone que 1367 CClos bienes gananciales responderán en todo caso “.

 

Lo único relevante, dice el TS, es el destino de las cantidades percibidas con aquellas operaciones de crédito, que el tribunal de apelación entiende acreditado fueron a parar a satisfacer gastos familiares, y de ahí, que sea irrelevante si el endeudamiento se hizo con el consentimiento o la autorización de la esposa.

Como resumen, debe la sociedad responder de las deudas contraídas por uno de ellos aplicándose así el art. 1362 del CC.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 10/2016 de 1 de febrero de 2016. Recurso número 25/2014.

 

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