Compartir la custodia ¿evita pagar la pensión alimenticia?

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece la obligación de uno de los progenitores de abonar una pensión de alimentos a los hijos menores habidos en el matrimonio a pesar de que el régimen de guarda y custodia establecido en la sentencia recaída en el procedimiento de divorico establecía su naturaleza de compartida.

Esto se debe a que uno de los progenitores no tiene un trabajo del que obtener unos ingresos con que hacer frente al pago de alimentos de los hijos.

El Juzgado de Primera Instancia  establece la guarda y custodia compartida de los dos padres así como una pensión compensatoria para la madre de 150 euros mensuales de dos años de duración.

Ambos progenitores presentan un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial , y se revoca la sentencia declarando que la guarda y custodia de las hijas la ejercerá la madre  estableciéndose en favor del padre régimen de visitas, y la pensión de alimentos pero sin limitación y la pensión compensatoria.

En en cuanto a la concesión de la pensión compensatoria el Tribunal Supremo ve  un acreditado el desequilibrio económico, y, atendiendo a la edad y al hecho del escaso período en que la mujer estuvo incorporada en el mercado laboral- 1.973 días- debe mantenerse por un plazo superior, considerando así razonable un período de 3 años en un  importe de 150 euros.

La pensión compensatoria “pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación.

Esta doctrina se ha aplicado a su vez en las sentencias posteriores 856/2011 de 24 noviembre , 720/2011 de 19 octubre , 719/2012 de 16 de noviembre y 335/2012 de 17 de mayo 2013 .

La sentencia de 4 de diciembre de 2012, nº recurso 691/2010 , establecía que:

“por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial”.

Por tanto, mantiene la pensión compensatoria temporal, a la vista de la manifiesta situación de desequilibrio:

1. La esposa no trabaja.

2. A lo largo de su vida su ocupación laboral se ha extendido solo en 1973 días.

3. Ha invertido la mayor parte de su tiempo en las atenciones familiares.

Igualmente, respecto a la duración de la pensión compensatoria que la Audiencia Provincial elevó, de dos a tres años, esta queda a la discrecionalidad del tribunal de apelación, al no constar arbitrariedad en su fijación, ni infracción normativa.

Nos recuerda el Alto Tribunal que su postura respecto a la custodia compartida:

La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma:

debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales;

los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos;

el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales;

el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.

Señala también que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”( STS 25 de abril 2014 ).

El Tribunal hace una remisión a la sentencia de 19 de julio de 2013 :

“se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos”.( Sentencia 2 de julio de 2014, rec. 1937/2013 ).

Por el contrario, para poderse adoptar el sistema de custodia compartida no se requiere un acuerdo sin fisuras, sino que lo que debe primar es una “actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los litigantes, al no constar lo contrario”.

Es decir, asienta como premisa de la custodia compartida la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que “permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad“, citando de ejemplo a las SSTS 10 de enero de 2010 , 22 de junio de 2011 , 19 de octubre de 2011 , 24 de noviembre de 2011 16 de noviembre de 2012 y 17 de mayo de 2013 .

Aplicada  tal doctrina al supuesto concreto, se entiende infringida la jurisprudencia del TS previamente recaída en aquella, por lo siguiente:

“1. Se entroniza la rutina como causa de denegación de la custodia compartida.

2. No se respeta el interés de los menores. El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero sí extrapolable como canon hermenéutico, en el sentido de que “se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares”, se protegerá “la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas”;

se ponderará “el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo”;

la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...” y a que “la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara”.

3. Pese a que la doctrina jurisprudencial ha determinado que el sistema de custodia compartida, salvo excepciones, debería considerarse como normal, en la sentencia recurrida se exige un plus de prueba para poder aplicarlo”.

 

Finalmente el TS estima el recurso de casación por infracción del artículo 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, dado que en este caso con el sistema de custodia compartida:

 

a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.”

En cuanto a la pretensión de no pagar alimentos “la custodia compartida no exime del pago de alimentos, cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges, o como en este caso, cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno ( art. 146 C. Civil ), ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los recibe, pero también al caudal o medios de quien los da.

Es la Sentencia del Tribunal del Supremo de 11 de febrero de 2016. Recurso nº 470/2015.

 

Sentencias relacionadas:

El régimen de custodia compartida no supone siempre la exención de pago de la pensión de alimentos a los hijos, sino que se estará a las circunstancias personales de ambos progenitores.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2016, rec. nº 3391/2015. 

 

 

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