Las Audiencias Provinciales unifican criterios para los procesos de familia

Las Secciones de familia de la Audiencia Provincial de Madrid han aprobado en junio de 2015 una serie de acuerdos para la unificación de criterios, a seguir por los profesionales en su actuación procesal en el ámbito del derecho de familia.

 

I.- Competencia para conocer de la petición de internamiento en centros de educación especial y menores tutelados por la entidad pública (artículo 172 C.C.) ¿Juzgados de Tutela o de Familia?
Se acuerda por unanimidad que la competencia de estas peticiones de internamiento corresponde a los juzgados de familia.

 

II.-Pago de la tasa de basuras en los supuestos de procedimientos matrimoniales. ¿Debe repercutirse sobre los cónyuges cotitulares del inmueble o sólo sobre el usuario?
Por existir discrepancias insalvables y con la finalidad de reflexionar más a fondo sobre la cuestión, no se somete a votación esta cuestión y se retira del orden del día por acuerdo de todos los presentes.

 

III.-Condena en costas de quien goza del beneficio de justicia gratuita y reclamación de su pago por el litigante vencedor ¿Puede declararse en el correspondiente procedimiento de ejecución que el beneficiario ha mejorado de fortuna a los efectos prevenidos en el artículo 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita?
Por acuerdo de todos los presentes se elimina esta cuestión del orden del día.

IV.-Se puede conceder una pensión compensatoria para el futuro, en cuanto condicionada a la pérdida de trabajo del beneficiario?
Por acuerdo de todos los presentes se elimina esta cuestión del orden del día.

V.-Cómputo del plazo de caducidad (artículo 518 L.E.C.), respecto de prestaciones económicas de tracto sucesivo (alimentos y pensión compensatoria). Fecha de la sentencia que las sancionó o, en su caso, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2000, o habrá de estarse a-la fecha en la que la acción pudo ser ejercitada, por la exigibilidad de la pensión.
Una vez clarificado y concretado este punto del orden del día se somete a votación la siguiente propuesta:
En caso de falta de ejercicio de acción durante todo el plazo de caducidad se extingue únicamente la posibilidad de reclamar las prestaciones económicas de tracto sucesivo anteriores al plazo de caducidad pero no se extingue la acción para reclamar dentro del propio proceso las prestaciones periódicas vencidas dentro del plazo de caducidad.
Se somete a votación y votan a favor 4 magistrados y en contra 4 magistrados. No se aprueba la propuesta.

VI.-Cuando se inicia la fase de juicio oral a efectos de determinar la competencia del Juzgado de Primera Instancia o el de Violencia sobre la Mujer.
Se acuerda por unanimidad lo siguiente:
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo la fase de juicio oral a que se refiere la norma competencial es la del proceso civil. Se entiende que el proceso está en fase de juicio oral desde la fecha del señalamiento de la vista de medidas provisionales o desde la fecha del señalamiento a juicio.

VII.-Fecha a la que ha de retrotraerse entre los cónyuges la disolución de su régimen económico.
Una vez debatida la cuestión planteada se somete a votación la siguiente propuesta:
La retracción de los efectos de la disolución del régimen económico matrimonial se producirá a la fecha de la separación de hecho; subsidiariamente a la fecha de la presentación de la demanda, en que cesa la presunción de convivencia; caso de que se pruebe la convivencia posterior a la demanda, la retroacción se producirá hasta la fecha del auto aprobatorio de las medidas provisionales y, a falta de los criterios anteriores, a la fecha que se disponga en la sentencia que ponga fin a la formación de inventario.
Se aprueba la propuesta con 5 votos a favor y 4 abstenciones.

VIII.- ¿La demanda de formación de inventario ha de presentarse junto con la de divorcio, separación o nulidad, o en cualquier momento posterior?
Se acuerda por unanimidad que la demanda de formación de inventario puede presentarse con la demanda de divorcio separación o nulidad o en cualquier momento posterior.
IX.-Conveniencia de grabar el acto de formación de inventario ante el Secretario Judicial.
Se acuerda por unanimidad la conveniencia de grabar las vistas de formación de inventario ya que en muchas ocasiones no se aprecia con la suficiente determinación y exactitud los puntos de acuerdo alcanzados por las partes. Por el Sr. Presidente se dará traslado de esta petición al Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para su conocimiento y para que adopte, si procede, algún tipo de iniciativa al respecto.

X.- Inventario del régimen económico: previsión de las deudas que se siguen generando por hipoteca, seguros, préstamos, IBI…
Una vez debatida la cuestión planteada, se somete a votación la siguiente propuesta:
Se deben incluir en el pasivo del patrimonio en liquidación los vencimientos de aquellas partidas que sobre deudas y cargas del matrimonio hayan sido contempladas en el inventario y que continúen devengándose hasta la fecha en que se apruebe el cuaderno particional (por ejemplo, vencimientos de un préstamo hipotecario, 181).
Se aprueba la propuesta con 6 votos a favor y 3 abstenciones.

XI.- ¿Se puede archivar el procedimiento de liquidación del régimen económico por no pagar las partes la provisión de fondos pedida por el contador designado?
Una vez debatida la cuestión planteada, se somete a votación la siguiente propuesta:
El contador una vez aceptado el cargo viene obligado a realizar su encargo aunque no se le provisionen los fondos que correspondan, sin perjuicio del derecho al reintegro de sus honorarios con cargo al patrimonio en liquidación.
Se procede a la votación con el siguiente resultado: 3 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. No se aprueba la propuesta.

XII.-Se han de incluir las cuotas de comunidad de propietarios en el inventario en los supuestos en que el derecho de uso de la vivienda ha sido atribuido a uno de los cónyuges?
Después de sometida a debate la cuestión propuesta se acuerda por unanimidad el siguiente acuerdo:
Como regla general, en caso de atribución de uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges las cuotas de comunidad ordinarias serán de cargo del cónyuge que haya disfrutado de la vivienda y no se incluirán en el pasivo de cualquier régimen económico de comunidad de bienes.

XIII.-Gestación por sustitución e inscripción registral.
Se somete a debate esta cuestión. Parte de los asistentes considera que de acuerdo con la última resolución de la DGRN, la doctrina del TEDH y el interés del menor este tipo de filiaciones realizadas en el extranjero pueden ser inscritas en el Registro Civil. Otra parte de los asistentes estima que la doctrina del Tribunal Supremo no admite la inscripción y que este tipo de gestaciones está expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico por lo que razones de orden público impiden la posilbidad de su inscripción en el Registro Civil.
Se someten a votación ambas propuestas. A favor de la inscripción se pronuncian 4 magistrados y en contra 5 magistrados. Dado que las posturas son absolutamente discrepantes entre las dos secciones, no se aprueba ninguna propuesta.

XIV.- ¿En procedimiento de ejecución se puede denegar la reclamación de alimentos respecto de hijos mayores de edad cuando se acredita que están trabajando, o es necesario acudir al procedimiento de modificación de medidas?
Se procede al debate de esta cuestión y se aprueba por unanimidad el siguiente criterio:
Si durante la ejecución se acredita que en el hijo mayor de edad alimentista no concurrente los requisitos del artículo 93.2 CC en el propio proceso de ejecución se puede resolver sobre esta situación, declarando inexigible la prestación.

 

XV.-¿Es viable un procedimienti de modificación de medidas en cuanto se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación o incluso de casación la antecedente litis cuyas medidas se preteden modificar al haber cambiado desde que se dictó la sentencia de Primera Instancia, las circunstancias?

Por unanimidad acuerdan que es viable conforme al 766.4 LEC.

Novedad: Del 5 al 7 de octubre de 2015 el CGPJ aprueba las CONCLUSIONES a tener en cuenta ante los Juzgados de Familia:

TALLER 1. CONCLUSIONES:

1.- La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés del menor en cada caso concreto. Ninguna forma de custodia debe ser preferente.

2.- La custodia compartida no supondrá necesariamente reparto igualitario de tiempos de
convivencia. La distribución de tiempos y responsabilidades se hará atendiendo al interés del menor en el caso concreto.

3.- La custodia compartida no implica que no se satisfaga pensión alimenticia, se atenderá al tiempo de estancias, a las necesidades de los hijos, circunstancias económicas de los
progenitores y atribución del uso del hogar familiar.

4.- La guarda y custodia compartida no impide la atribución del uso del hogar familiar a uno de los progenitores, no obstante el uso podrá quedar limitado en el tiempo. Se tendrá en cuenta este uso en la determinación de la pensión alimenticia.

5.- El uso alterno de la vivienda (casa nido) no se considera recomendable.

6.- El contenido del plan de parentalidad debería integrarse en el convenio regulador, no
debiendo ser obligatoria su presentación en el procedimiento contencioso.

7.- Sería necesario que el legislador en futuras reformas, adaptara la terminología actual (patria potestad, régimen de visitas, progenitor custodio) a la legislación europea (responsabilidad parental, periodos de convivencia, régimen de estancia, relación o comunicación con el no conviviente, coparentalidad y corresponsabilidad en el cuidado de los hijos).

TALLER 2. CONCLUSIONES:

1ª.- Se considera conveniente que, en los casos de atribución temporal del uso de la vivienda familiar perteneciente total o parcialmente a un tercero, la sentencia o convenio regulador establezcan expresamente que, a la extinción del derecho de uso, el cónyuge o progenitortitular del mismo deberá desalojar el inmueble y podrá ser lanzado, a instancias del otro, si no lo hiciere en el plazo concedido al efecto.

2ª.- Se considera asimismo conveniente que, en los casos de atribución temporal del uso de vivienda familiar de la titularidad exclusiva de un cónyuge o progenitor, la sentencia o convenio regulador establezcan expresamente que, a la extinción del derecho de uso atribuido al cónyuge o progenitor no titular, deberá éste proceder a desalojar el inmueble y podrá ser lanzado, a instancias del otro, si no lo hiciere en el plazo concedido al efecto.

3ª.- En los casos de vivienda de la titularidad dominical común de ambos cónyuges o
progenitores, cuando se haga atribución temporal del uso de la misma a una de las partes, debe establecerse en la sentencia o convenio regulador que, a la extinción del derecho de uso, se dará al inmueble el destino previsto por el juez o las partes en la propia sentencia o convenio.

4ª. Los pactos incluidos en un convenio regulador que establezcan la obligación de pago por mitad, o en otra cuota parte, de la hipoteca que grava la vivienda familiar común, son ejecutables, una vez aprobados, por la vía de apremio en los términos convenidos.

5ª.- En los procesos de familia contenciosos el juez debe pronunciarse sobre el pago de la hipoteca que grava la vivienda familiar común, sin modificar el título constitutivo.
En caso de incumplimiento de su obligación de pago por un cónyuge o progenitor, el que, además de satisfacer su parte, hubiere anticipado el pago de la parte correspondiente al otro podrá repetir contra él, en vía de apremio, en la propia ejecución de sentencia.

6ª.-Por aplicación de lo establecido en el artículo 103.4ª en relación con el artículo 91, ambos del Código civil, si hubiere petición expresa de parte, el juez puede pronunciarse sobre el pago de los préstamos pendientes de amortizar, siempre que no hubiere divergencia entre las partes sobre el carácter común de la deuda, nombrando administrador del patrimonio común a uno de los cónyuges o progenitores o a un tercero.

 7ª.- Habiendo hijos menores, la convivencia marital sobrevenida de un tercero en la vivienda familiar, cuyo uso ha sido atribuido judicialmente, podrá dar lugar a la adopción de nuevas medidas en el juicio de modificación correspondiente.

8ª.-Se recomienda que, en los supuestos de atribución de uso de la vivienda familiar de la propiedad común de ambos cónyuges o progenitores, o de propiedad privativa del cónyuge o progenitor no usuario, se solicite en los escritos rectores del proceso el pronunciamiento expreso en relación con la obligación de pago de los cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios, tasa de recogida de residuos sólidos urbanos y tasas de alcantarillado, salida de carruajes y vado, estableciendo en la sentencia o convenio que el pago de tales gastos sean de cuenta exclusiva del cónyuge o progenitor usuario y, en caso de vivienda común, que las cantidades abonadas por tales conceptos no darán lugar a derecho de reintegro contra la sociedad de gananciales en el momento de la liquidación ni a reintegro entre comuneros al tiempo de la extinción del condominio existente sobre el inmueble.

9ª.- En caso de atribución del uso de vivienda familiar común o privativa de un cónyuge o progenitor, los gastos inherentes a la propiedad se abonarán de conformidad con el régimen que resulte de la titularidad dominical del inmueble. Se consideran incluidos en los gastos inherentes a la propiedad el pago del impuesto de bienes inmuebles, las primas del seguro obligatorio concertado por razón de la hipoteca, las cuotas extraordinarias que gire la comunidad de propietarios a que pertenezca el inmueble, las contribuciones especiales y las reparaciones extraordinarias necesarias.

10ª.-Se considera conveniente que, en el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales, las partes soliciten que puedan incluirse en el inventario del pasivo social los créditos que un cónyuge pueda tener contra la sociedad como consecuencia de los pagos de vencimientos de deudas comunes y cargas de la sociedad realizados desde la fecha de formación del inventario hasta la de efectiva liquidación de la sociedad de gananciales.

TALLER 3: LA LIQUIDACION DE BIENES EN EL REGIMEN DE SEPARACION
DE BIENES; SU ACUMULACION A LA ACCION DE DIVORCIO:

1ª.- La reclamación del artículo 1438 del cc y figuras análogas debe ejercitarse conjuntamente en el proceso principal de separación, divorcio o nulidad.

2ª.- En los procedimientos de mutuo acuerdo, procede la homologación de los pactos
liquidatorios del régimen de separación de bienes.
3ª.- Es presupuesto necesario para que se estime la acción de división de cosa común,
acumulada al procedimiento de separación, divorcio o nulidad, que no exista controversia
sobre la titularidad de los bienes.
En ese supuesto, si existiera conformidad de las partes, en las deudas que pesen sobre dichos bienes será objeto de pronunciamiento.

4ª.- El art. 437 de la lec (en su redacción actual) no permite acumular a la acción de
separación, divorcio o nulidad, reclamaciones de cantidad entre cónyuges.

5ª.- En los procedimientos de modificación de medidas no cabe la acumulación de la acción de división de cosa común.

6ª.- La accion de división de cosa común no acumulada al procedimiento matrimonial,no es competencia del juzgado de familia sino del juzgado de instancia que se turne y el procedimiento a seguir será el declarativo que por cuantía corresponda.

7ª.- Cuando la extinción del régimen de separacion de bienes no derive de un procedimiento matrimonial, la pretensión relativa al art. 1438 del cc y figuras análogas, se tramitara ante los juzgados de primera instancia en el proceso declarativo  correspondiente.

TALLER 4. CONCLUSIONES:

1ª.- Solicitud de las partes de transformación del procedimiento contencioso en mutuo
acuerdo:

Ratificación de las partes en el procedimiento antes de proceder a la transformación y una vez efectuada la ratificación de ambas partes se procederá a la transformación en mutuo acuerdo. En el supuesto que no se ratificaran no se procede al archivo continuándose el procedimiento en contencioso en el estado en que se hallare.

2ª.- Si antes de contestar la demandada se solicitara la transformación del procedimiento
contencioso en mutuo acuerdo, se suspende el plazo para contestar la demanda, y en el caso de que no se procediera a la ratificación por ambas partes se continuará en el estado que se hallare, alzándose la suspensión.

3ª.- Aportar por los/las letrados/as en los procedimientos de mutuo acuerdo el convenio
regulador en formato Word, bien a través de correo electrónico o en un pen con anterioridad al día de la ratificación y consecuentemente la integración del convenio en la sentencia.

4ª.- La liquidación de sociedad de gananciales es un pacto a incluir en el convenio regulador, si bien al tratarse de una materia de derecho dispositivo de las partes puede quedarse al margen.

5ª.- No puede exigirse el requisito de la urgencia para admitir a trámite la petición de Medidas Provisionales Previas.

6ª.- En los supuestos de modificación de medidas el art. 775,3 LEC señala que se podrán
solicitar medidas provisionales coetáneas del art. 773 de la LEC pero no las medias previas del art. 771.

7ª.- El plazo de 30 días del art. 771 de la LEC para interponer la demanda principal se
consideran hábiles, no naturales y empieza a computarse desde la fecha de notificación del
auto.

8ª.– Aportación con la demanda y con la contestación de justificantes de ingresos por trabajo propio, nóminas, declaraciones de IRPF, y demás documentos acreditativos de los propios medios de vida, así como acreditación del contrato de alquiler, gastos… y los datos económicos que alegan respecto de la otra parte que obren en su poder.

9ª.- No existe la posibilidad de proceder a la subsanación de reconvenciones implícitas.

10ª.- Que el/la juez/a se pronuncie sobre la solicitud del otro si de la demanda/contestación o sobre la admisión o no de prueba anticipada solicitada por las partes antes de la celebración de la vista.

11ª.– Dar traslado a la partes de los informes periciales psicosociales, por lo menos, con 5 días de antelación a la celebración de la vista.

12ª.- Citar al/los profesionales del equipo técnico que hayan elaborado el informe cuando
alguna de las partes solicite aclaración del informe emitido, o el/la juez/a lo acuerde de oficio.

13ª.- Introducción de hechos nuevos que van a afectar sustancialmente las pretensiones que se dilucidan, dar traslado a la otra parte, si no se opone continuación de juicio y si se opone el/la juez/a resolverá lo procedente.

14ª.- El/la juez/a debe dar el trámite de conclusiones a las partes conforme establece el art.753,2 LEC, debiendo ceñirse los/las letrados/as a la crítica de la prueba, pese a la actual
redacción del art. 446,1º de la Ley 42/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.

15ª.- Las exploraciones de los hijos menores de edad deberán llevarse a cabo en día distinto al de la celebración de la vista, en un lugar adecuado para ello cuidando de la privacidad del acto.
Deberá reseñarse brevemente de la forma más sutil posible, priorizando el no perjudicar el
interés del menor.

16ª.- En aquellos supuestos en que por las partes se interponga recurso de apelación contra la sentencia se suspenderá el plazo, empezando a contarse desde el día que la parte tenga acceso a la grabación de la vista, previa solicitud de la misma.

17ª.- En los supuestos en que una de las partes o las dos solicitara aclaración de la sentencia el plazo para interponer recurso de apelación empezará a contarse desde la fecha de notificación del auto resolviendo lo procedente.

18ª.- Requerir a las partes para que el día de la celebración de la comparecencia de formación de inventario aporten la documental que obre en su poder.

19ª.- En las resoluciones en las que se acuerda dar traslado a las partes de información relativa a datos de carácter personal de la contraparte hacer saber el carácter reservado de dicha información y su utilización exclusiva a los efectos del litigio, a fin de procurar la adecuada protección de dichos datos (LO 15/99, de 13 de diciembre).

Equipos técnicos:

20ª.– Adscripción a cada uno de los Juzgados de Primera Instancia especializados en materia de Dº de familia de un equipo psicosocial constituido por un/una psicólogo/a y un/una trabajador/a social a fin de obtener una respuesta en tiempo adecuado dado los interés que hay en juego.
21ª.- Deberán existir los equipos psicosociales precisos para atender los partidos judiciales en que no haya Juzgados especializados.
22ª.- Ubicación de los equipos técnicos en la misma sede donde se encuentran los Juzgados de Familia.23ª.- Dotarles de instalaciones adecuadas para desarrollar su función.

Puntos de Encuentro Familiar (PEF):
24ª.- Implantación de los PEF en todos los partidos judiciales, instando a la Administración competente.
25ª.- Dotación de personal cualificado y homologado, con un horario que se extienda los 365 días del año.

26ª.- El PEF es un recurso excepcional y temporal que solo ha de ser utilizado como último
recurso, evitando la cronificación de los asuntos

.
27ª.- Dotación de recursos para que no se produzcan listas de espera.

Instalaciones:

28ª.- Dotar a los órganos judiciales de instalaciones que mejoren la respuesta judicial en los procesos de familia.
29ª.- Adoptar las medidas necesarias a fin de que las zonas de espera a la sala de vistas
permitan mantener la adecuada privacidad y en su caso la separación física entre las partes y ello para que el proceso no incremente o lo haga lo menos posible el nivel de conflicto y estrés de las partes y demás personas involucradas.
30ª.- Implantar una geografía de estrados en la que exista una mayor proximidad de los
litigantes con sus letrados y de estos entre sí, lo cual facilitaría acuerdos.