¿Respetan los buscadores de Internet el derecho al olvido?

En los años ochenta dos personas son detenidas por hechos relacionados con el tráfico de drogas, a su vez eran consumidoras de drogas, con un alto grado de drogodependencia lo que provocó que tuvieran que ser atendidas por haber  sufrido síndrome de abstinencia al ingresar en prisión. Esta operación finalizó con la detención de otras personas, una de las cuales era familiar de un conocido político.

El periódico “El País” publicó en fecha posterior una noticia al respecto, en concreto la detención, el motivo de la misma, el ingreso en prisión de las personas detenidas, la drogodependencia y el tratamiento médico facilitado a las personas demandantes para mitigar su síndrome de abstinencia. En esta noticia, los demandantes y el resto de detenidos, aparecían identificadas con sus nombres y apellidos e incluso con su profesión.
En su día fueron condenados por estos hechos, por un delito de contrabando, al ser introducida la droga desde el extranjero. Después estas personas superaron su adicción a las drogas.

En noviembre de 2007 la empresa permitió el acceso público general y gratuito a la hemeroteca digital del diario “El País”.
Es hecho probado que “la página web en la que se encontraba recogida la noticia publicada en su día sobre estos hechos no contenía ningún código ni instrucción (tales como el fichero robots.txt o la instrucción noindex) que impidiera que los motores de búsqueda indexaran las palabras contenidas en el código fuente, concretamente los datos personales de las personas demandantes, y las almacenaran en sus bases de datos para permitir búsquedas mediante la utilización de estos datos (concretamente, el nombre y apellidos) como palabras clave. Es más, estos datos personales aparecían como palabras clave en la cabecera de dicho código fuente, con lo cual se resaltaba su relevancia y se facilitaba que en los espacios de publicidad “on line” que contenía la página web apareciera publicidad relacionada con estas personas, puesto que se trata del texto marcado como contexto para escoger la publicidad “on line”.
Asimismo, en la página web se incluían las instrucciones index y follow, que potenciaban la indexación del contenido de la página y su inclusión en las bases de datos de los motores de búsqueda, tales como Google o Yahoo, y mejoraban el posicionamiento de esta página en las listas de resultados obtenidos al realizar una búsqueda utilizando como palabras clave el nombre y apellidos de las personas demandantes. De este modo, cuando se introducía el nombre y los apellidos de una de las personas demandantes, el enlace a la web de la hemeroteca digital de El País que contenía la noticia aparecía como primer resultado en Google y Yahoo. Cuando se hacía con el nombre y los apellidos de la otra persona demandante, aparecía en primer lugar en la lista de resultados de Google y en tercer lugar en la lista de resultados de Yahoo”.

Los perjudicados, acuden primero a El País para solicitar la eliminación de sus datos personales, y tras la negativa de este presentan demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.

Entre los argumentos del Juzgado están el hecho de que la información no era veraz porque las personas demandantes habían sido condenadas finalmente por un delito de contrabando y tenían cancelados sus antecedentes penales, de ahí que la divulgación de los antecedentes penales de una persona atentaba contra su reputación y podía lesionar su intimidad.

Los demandantes amparaban su reclamación en su derecho a la protección de datos de carácter personal.

Además, habiéndose cumplido con la finalidad de dicha información mediante la publicación en los años ochenta, en la edición en papel de su diario “el volcado de la hemeroteca al soporte digital solo tenía una finalidad mercantilista de incremento de los ingresos publicitarios”.

El interés económico de Ediciones El País entieden qe no podía prevalecer sobre los derechos al honor, la intimidad y la protección de sus datos, por no ser personajes públicos y haber superado ya sus problemas de adicción a las drogas, habiéndoseles negado con ello un derecho al olvido, vulnerando así sus derechos personales que no podía ser justificada por mor de una libertad de información en base a la falta de veracidad, falta de interés público de la noticia, de relevancia pública de las personas demandantes y , de una falta de finalidad periodística de la inclusión de la noticia en la hemeroteca digital de El País.

El Fallo del Juzgado culmina con la estimación de la demanda, y considera que la difusión de la noticia por Ediciones El País conlleva una vulneración del derecho al honor, intimidad y protección de datos de las personas demandantes.
Condena a la empresa demandada a cesar en la difusión de la noticia mediante la introducción de la instrucción noindex para que la página web que contenía la noticia no fuera indexada por los datos personales de las personas que aparecían en ella y no aparecieran en las listas de resultados de los buscadores de Internet cuando se introducían como palabras clave el nombre y apellidos de tales personas. Ello no impedía que la noticia siguiera estando en la hemeroteca digital de El País.
Asimismo se condena al pago de una indemnización de 7.000 euros a cada uno de los demandantes.
Ediciones El País presenta recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, alegando que la acción estaba caducada y que no existía vulneración ilegítima de los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos, porque su actuación estuvo legitimada por el ejercicio de la libertad de información, por la veracidad e interés general de la noticia.
Los demandantes recurren la sentencia por considerar que se incurre en incongruencia omisiva por obviar la solicitud de cese en el tratamiento de sus datos personales o, subsidiariamente, la sustitución de los nombres y apellidos por las iniciales en la noticia y en el código fuente de la página web que la contiene y sobre la petición de que cualquier noticia que el diario El País publique sobre el proceso omita los datos identificativos de las personas demandantes.
Tras conocer de recurso presentado la Audiencia Provincial, dicta sentencia co el Fallo desestimatorio del mismo, y estima la impugnación de los demandantes, con la  condena a Ediciones El País a cesar en el uso de los datos personales en el código fuente de la página web que contenía la noticia, « sin que puedan constar ni sus nombres ni apellidos ni sus iniciales» en la noticia que pudiera publicar sobre el proceso.

Procedimiento este que llegará hasta el Tribunal Supremo el cual conocer del recurso de casación presentado por el demandado, pero reniega de obligar a Ediciones El País SL, tal y como sí hizo la sentencia previa de la Audiencia Provincial, a eliminar los datos personales de los demandantes, del código fuente de la página web que contiene la noticia, suprimiendo así sus nombres y apellidos, que no permitía siquiera que constaran sus iniciales.
En relación a esta medida, el TS lo valora como un sacrificio desproporcionado, por excesivo, del derecho a la libertad de información, ya que, el llamado derecho al olvido digital “no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente publicadas en su día”.
La segunda de las medidas que la AN imponía al demandado era adoptar aquellas medidas técnicas que eviten que la información pueda ser indexada por el propio buscador interno de www. elpais.com cuando se buscara información utilizando el nombre y los apellidos de las personas demandantes. Medida que es rechazada finalmente por el TS debido a que “estos motores de búsqueda internos de las hemerotecas digitales solo sirven para localizar la información contenida en el propio sitio web una vez que el usuario ha accedido a dicho sitio web. No son por tanto asimilables a los motores de búsqueda de Internet tales como Google, Yahoo, Bing, etc.”

Los argumentos de Tribunal Supremo son como  dijimos que el “derecho al olvido digital” no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente publicadas en su día, así como los resumidos en los puntos siguientes:

*Las hemerotecas digitales gozan de la protección de la libertad de información, al satisfacer un interés público en el acceso a la información. Por ello, las noticias pasadas no pueden ser objeto de cancelación o alteración.

*Cuando la persona afectada no tiene el carácter de personaje público y no existe un interés histórico en vincular la información a los datos personales de las personas implicadas, lo que permite el derecho al olvido digital, cuando los derechos de la personalidad del afectado entran en colisión con el derecho a la libertad de información que ampara a las hemerotecas digitales, es, en expresión utilizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (caso U.S. Department of Justice v. Reporters Committee [109 S.Ct. 1468 (1989)]), la “oscuridad práctica” que supone evitar que con una simple búsqueda en Internet pueda accederse al perfil completo de la persona concernida, incluyendo informaciones obsoletas y gravemente perjudiciales para su reputación y su vida privada. Pero no permite reescribir las noticias ni impedir de modo absoluto que en una búsqueda específica en la propia hemeroteca digital pueda obtenerse tal información vinculada a las personas en ella implicadas.

*El TEDH considera que la protección de las hemerotecas digitales implica que las noticias pasadas contenidas en ellas, a pesar de que su contenido pueda afectar a los derechos de las personas, no pueden ser eliminadas.

*La afirmación anterior se debe a que la libertad de expresión protege el interés legítimo del público en acceder a los archivos digitales de la prensa, de modo que « no corresponde a las autoridades judiciales participar en reescribir la historia» ( STEDH de 16 de julio de 2013, caso Wergrzynowski y Smolczewski c. Polonia , párrafo 65, con cita de la anterior sentencia de 10 de marzo de 2009, caso Times Newpapers Ltd -núms. 1 y 2- contra Reino Unido ).

Por tanto, la integridad de los archivos digitales es un bien jurídico protegido por la libertad de expresión- art. 10 del Convenio de Roma- que engloba la libertad de información, y que excluye las medidas que alteren su contenido eliminando o borrando datos contenidos en ellos, como puede ser la eliminación de los nombres de las personas que aparecen en tales informaciones o su sustitución por las iniciales.

Mantiene el TS los pronunciamientos declarativos y los demás pronunciamientos de conden:

“bien entendido que cuando el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, asumido por la Audiencia Provincial, declara la ilicitud de la “difusión” de la noticia y condena a Ediciones El País a cesar en su “difusión”, se está refiriendo exclusivamente al tratamiento de los datos personales incluidos en la noticia tal como se está haciendo en la hemeroteca digital, esto es, permitiendo su indexación por los motores de búsqueda de Internet.
Los demás pronunciamientos se mantienen, en concreto la obligación de Ediciones El País de instalar códigos o instrucciones en la página web que impidan la indexación y archivo de los datos personales de las personas demandantes en las bases de datos de los motores de búsqueda de Internet, la indemnización por los daños causados como consecuencia de la intromisión ilegítima en el honor y la intimidad por el tratamiento de los datos personales sin respetar las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos, en lo relativo a su pertinencia, adecuación y proporción en relación a los fines para los que se hizo la recogida y el tratamiento de tales datos, y la prohibición de que en la publicación de cualquier noticia que se refiera a este proceso se incluyan datos que puedan identificar a las personas demandantes, como sus nombres, apellidos o iniciales.”

Literalmente el Fallo de la sentencia del Tribunal Supremo es este:

FALLAMOS
1.- Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por “Ediciones El País, S.L.” contra la sentencia núm. 486/2013 dictada, en fecha once de octubre de dos mil trece, por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 14ª.
2.- Casamos en parte la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno en los pronunciamientos relativos a la supresión de los datos personales de las personas demandantes en el código fuente de la página web que contenía la información y de su nombre, apellidos o incluso iniciales, y a la prohibición de indexar los datos personales para su uso por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital gestionada por la demandada, pronunciamientos que dejamos sin efecto, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.
3.- No procede imposición de costas del recurso de casación. No procede la imposición de las costas del recurso de apelación, ni de primera instancia. Devuélvase al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso.

 

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 545/2015 de 15 Octubre de 2015, Recurso número 2772/2013.

 

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