Alimentos que pagué por error ¿desde cuándo puedo reclamar su devolución?

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado la reclamación de quien durante seis años estuvo pagando por concepto de alimentos a quien resultó no ser su hija. Se desestima el recurso de casación que presenta tras serle desestimado el recurso de apelación frente a la Audiencia Provincial.

El demandante acude al Juzgado de Primera Instancia con los resultados de paternidad negativos, para reclamar la cuantía total abonada a su ex pareja por alimentos de su hija, nacida durante su matrimonio, quien finalmente resulta no ser biológica, a razón de los trescientos euros mensuales que ambos estipularon en el Convenio Regulador suscrito tras la separación.
El objeto de la demanda era reclamar el cobro de lo indebido, y se fundamenta en los artículos 1.895 y siguientes del Código Civil.
Así, en base al artículo anterior, el Juzgado estima la demanda entendiendo que la acción que se ejercita es la del enriquecimiento injusto, siendo este artículo el que señala como tope el plazo de prescripción de 15 años, y no la acción de responsabilidad extracontractual a la que sería de aplicación el artículo 1.902 del CC.
La sentencia fue apelada por la demandada y revocada por la Audiencia Provincial. La AP, en relación a si hubo o no mala fe en la demandada, es decir, si le ocultó a sabiendas sus relaciones extramatrimoniales, sale a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1999 que exige una “cumplida acreditación de una conducta dolosa de la parte, circunstancia que en el presente caso no puede estimarse acreditada dado que se trata de meras manifestaciones que no cuentan con elementos objetivos corroboradotes dado que dicha circunstancia, en modo alguno, se declaró como tal en el anterior procedimiento de impugnación de la filiación y en este procedimiento tan solo se cuenta con las manifestaciones del actor impregnadas, como es lógico de un claro matiz subjetivo…”.

A su vez, la AP encuadra la relación jurídica en el ámbito del artículo 1.902 porque “considera que la acción no tiene encaje en el artículo 1.895 dado que no concurren los presupuestos del cobro de lo indebido dado que el pago de las pensiones alimenticias obedece al cumplimiento de las resoluciones judiciales que las determinan, esto es, existe justa causa para el abono de las mismas que solo decae, como es lógico, cuando se declara judicialmente la no filiación matrimonial de la hija” , y que “para el supuesto de considerarse que no media la prescripción, no existe base jurídica para estimar la acción de reembolso por cobro de lo indebido de pensiones alimenticias establecidas judicialmente”.

En base a esta misma argumentación el Tribunal Supremo entiende que “El derecho a los alimentos de la hija existía, por tanto, por el hecho de haber nacido dentro del matrimonio y como consecuencia de esa apariencia de paternidad el padre hizo frente a todas las obligaciones que le correspondían, entre las que se encontraba no solo la manutención económica, sino la de velar por ella, tenerla en su compañía, educarla, formarla, representarla y administrar sus bienes. Por tanto, los pagos se hicieron como consecuencia de una obligación legalmente impuesta entre quien pagaba y quien se beneficiaba de dicha prestación, y es efectiva hasta que se destruye esta realidad biológica mediante sentencia dictada en proceso de impugnación de la filiación matrimonial, lo que hace inviable la acción formulada de cobro de lo indebido.

Por otra parte, y ya en relación con la filiación, el Tribunal Supremo se decanta por la aplicación del artículo 112 CC , que dice: “produce sus efectos desde que tiene lugar”, y, “su determinación legal tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no disponga lo contrario”; efecto retroactivo de la determinación legal de la filiación que opera cuando éste sea positivo para el menor, pero no en el supuesto contrario, como sucede en otros casos, como en el de extinción de la adopción ( artículo 180.3 CC : “La extinción de la adopción no es causa de pérdida de la nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas, ni alcanza a los efectos patrimoniales anteriormente producidos”); en el de la declaración de nulidad del matrimonio ( artículo 79 CC : “La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos…”), o en el supuesto de fallecimiento del alimentante ( artículo 148.3 CC : “Se verificará el pago por meses anticipados, y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente”), y como también resulta de la propia jurisprudencia respecto al carácter consumible de los alimentos o de sentencias como la de 18 de noviembre de 2014 conforme a la cual la extinción de la pensión alimenticia de un hijo mayor de edad no puede tener efectos retroactivos desde la fecha de la demanda de modificación de medidas, sino desde el día siguiente de la notificación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

Sin embargo, no es unánime la sentencia del Alto Tribunal, frente a la cual se emite un Voto particular que, a su vez, suscriben dos Magistrados, la cual transcribimos literalmente por la claridad de su explicación y, dada la trascendencia de los términos en los que difiere de la interpretación realizada de los preceptos que considera, deben ser de aplicación en relación con la pretensión deducida en la demanda, y que dice así:

“Quedan aceptados los antecedentes de hecho de la anterior sentencia nº 202/2015, de 24 de abril, Recurso nº 1254/2013. No se comparte la fundamentación jurídica de dicha resolución, salvo el fundamento primero en lo que se dirá.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– La referida sentencia, de la que discrepamos con absoluto respeto a la opinión mayoritaria de la Sala, contiene en su fundamento de derecho primero una relación de los hechos que han dado lugar al presente proceso con referencia al contenido de las sentencias recaídas en ambas instancias y, en cuanto a ello, estamos de acuerdo con tal fundamento.
Conocido por el demandante don D. el hecho de que no era el padre biológico de G. , la que creía nacida de su matrimonio con la demandada doña N., formuló demanda contra la esposa, una vez disuelto el matrimonio por divorcio, en reclamación de las cantidades que consideró indebidamente satisfechas por alimentos de la menor una vez producida la ruptura matrimonial, según el convenio suscrito y aprobado judicialmente.
SEGUNDO.- La sentencia acordada por la mayoría de los miembros de la Sala afirma en el inicio de su fundamento de derecho segundo que «el problema jurídico que plantea el recurso se contrae a determinar si se puede admitir la acción de enriquecimiento injusto derivada del artículo 1895 del CC, para la devolución con carácter retroactivo de los alimentos entregados a una hija menor, como consecuencia de una sentencia que declara la inexistencia de relación paterno filial, precedido de un proceso de impugnación de aquella, que hace desaparecer esta obligación no “ex nunc” sino “ex tunc”….».
No se trata en este caso de una cuestión de “devolución de alimentos”, que han sido consumidos, sino de la reclamación de lo indebidamente satisfecho por el demandante en tal concepto; que se dirige, no contra la alimentista, sino contra la persona que estaba obligada a prestar los alimentos y no lo hizo -al menos en la cuantía cubierta por el demandante- beneficiándose económicamente de ello. La obligación de alimentos viene establecida por el Código Civil entre ascendientes y descendientes (artículo 143 ) y se configura una regulación especial para los supuestos de ruptura matrimonial respecto de los alimentos de los hijos comunes.
Cuando se trata de una hija extra matrimonial -como ocurre en el caso- la obligación de alimentos incumbe de forma solidaria a los verdaderos progenitores, sin que la prestación alimenticia efectuada por quien se creía padre -sin serlo- precisamente por la ocultación de la esposa, que había concebido a la hija como consecuencia de una relación extra matrimonial, impida a éste reclamar de los verdaderos obligados el reintegro de lo satisfecho por error, pues en caso contrario se aprobaría el ilícito beneficio obtenido por la falta de cumplimiento de una obligación legal que fue satisfecha por otro.
TERCERO.- La situación descrita se ajusta a la previsión legal contenida en el artículo 1895 del Código Civil , que regula el cuasicontrato de “cobro de lo indebido” habiéndose producido un supuesto de «indebitum ex causa».
El artículo citado dispone que «cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla». Por su parte, el artículo 1901 dispone que «se presume que hubo error en el pago cuando se entregó cosa que nunca se debió….».
Así sucede en el presente caso en que el demandante, con voluntad viciada por error causado por la demandada, suscribe un convenio aceptando como medida propia del mismo la prestación alimenticia de 300 euros mensuales para las atenciones de quien creía su hija, sin serlo, y viene pagando las cantidades correspondientes hasta que conoce la verdadera situación en virtud de la cual ninguna obligación alimenticia tenía, ya que la misma correspondía a los verdaderos progenitores cuyo débito ha cubierto erróneamente con evidente utilidad para los mismos. No afecta a ello que el error se extendiera al propio juez que aprobó el convenio, en cuanto se entendió que satisfacía las necesidades de la menor. El hecho de que se dictara, también por error, una resolución judicial que confirmaba la existencia de la obligación por parte del hoy demandante no subsana el vicio del consentimiento en cuya virtud se aceptó el sometimiento a dicha obligación en beneficio de los deudores solidarios de alimentos que, como se ha dicho, eran únicamente los verdaderos progenitores.
Una solución como la adoptada por la presente sentencia no sólo impide el resarcimiento del daño frente a la madre sino también frente al verdadero padre, en el caso de que llegara a ser conocido.
CUARTO.-Consideraciones de fondo: el moderno Derecho de familia.
Una vez señalada, en los anteriores fundamentos de derecho, la procedencia en el presente caso de aplicación técnica del instituto del enriquecimiento injustificado procede, además, destacar una serie de consideraciones de fondo acerca de la configuración del Derecho de familia que subyace en la referida sentencia y que resulta claramente incompatible con la moderna caracterización de esta importante rama del Derecho Civil.
En efecto, si bien se observa, (fundamento de derecho segundo, apartado 3.b) de la sentencia), la opinión mayoritaria de la Sala, a la hora de justificar la no aplicación del instituto del enriquecimiento injustificado al ámbito de la patria potestad y al propio hecho de la filiación, señala, de modo expreso, que su fundamento originario se constata “en la vieja sentencia de 18 de abril de 1913 , que confirma la línea jurisprudencial de las sentencias de 30 de junio de 1885 y 26 de octubre de 1897 “. Referencias que, sin solución de continuidad o de detalle, vuelven a tomar cuerpo en el alegado final de la sentencia, (apartado 3.c de dicho fundamento), resaltándose el riesgo de trasladar dicha acción de enriquecimiento injustificado “al ámbito de las relaciones familiares para fundar un derecho de crédito al margen de las reglas propias que resulten de la filiación, de la propia consideración del matrimonio y de la familia y, en definitiva, de un entramado de relaciones personales y patrimoniales que no es posible disociar”.
Pues bien, como pronto se advierte, difícilmente la visión o caracterización del Derecho de familia que sirvió de realidad social a las viejas sentencias de esta Sala dictadas en relación a la cuestión aquí planteada pueden servir de apoyo, bien de origen, o bien de evolución, para valorar la incidencia que la moderna caracterización del Derecho de familia pueda tener en la cuestión planteada pues, sencillamente, les resultó totalmente extraña y ajena al contexto social, cultural y económico de aquélla época.
Por el contrario, debe precisarse que el moderno Derecho de familia, referenciado en la Constitución española y las reformas realizadas, ha profundizado tanto en la responsabilidad familiar que individualmente asume cada cónyuge, como en la diferenciabilidad de sus respectivas responsabilidades de índole patrimonial; todo ello conforme al principio de igualdad jurídica que informa, “plenamente”, a los cónyuges tanto para contraer matrimonio como para desarrollar las relaciones familiares, sin dispensa o pretexto alguno al respecto.

Esta razón de exigibilidad de la responsabilidad familiar que individualmente asume cada cónyuge, así como de la diferenciabilidad de su respectiva responsabilidad patrimonial, resulta predicable de cada uno de los institutos de Derecho de familia que la sentencia toma en consideración.
Así, y en síntesis, respecto de las propias relaciones de paternidad en donde la sentencia reconoce, expresamente, la “base principal” que tiene la verdad biológica en materia de filiación, cuya responsabilidad derivada asume cada cónyuge y no los hijos beneficiados por la relación de filiación, como ocurre en el presente caso, donde la reclamación económica no se dirige contra la hija, ni se cuestionan los beneficios obtenidos por ella en dicha relación.

Del mismo modo, respecto del derecho a los alimentos, que forma parte del contenido básico de la filiación y se encuentra ligado, necesariamente, con la condición de padre o madre ( artículo 110 del Código Civil ) que le sirve de fundamento. De forma, que aunque el derecho de alimentos quede integrado, a su vez, en la relación de patria potestad y su peculiar régimen legal, no es menos cierto que por ello pierda su carácter genuinamente patrimonial que se deriva de su propia naturaleza, sobre todo cuando su toma de razón no es otra que el carácter debido o indebido de su pago; cuestión claramente diferenciable de la función o finalidad asistencial que personalmente informe a la obligación de prestar alimentos respecto de hijos, auténticos beneficiarios de la misma, como se ha señalado.

En parecidos términos, respecto del alcance declarativo y, por tanto, ex tunc, que acompaña o caracteriza el ejercicio de la acción de impugnación de la filiación matrimonial, que necesariamente declara la ausencia del presupuesto causal de la filiación desde su inicial determinación, sin intervalos o espacios intermedios al respecto. Impugnada con éxito la filiación matrimonial, la consecuencia innegable que se deriva es que el marido no tuvo nunca la condición de padre respecto del hijo. Alcance cuya retroacción de efectos, si bien permite cierta modulación, como señala la sentencia (180.3 del Código Civil) lo es en consideración, exclusivamente, de la posición jurídica del menor afectado, no respecto de la posición de la madre y su posible responsabilidad en la falsa determinación inicial de la paternidad, o en las consecuencias derivadas de su propia patria potestad respecto con su hijo.

En todo caso, si no bastara con las anteriores razones en pro de la debida exigencia de la responsabilidad patrimonial de la mujer respecto de una obligación de alimentos que cobró, sin causa para ello, y con incumplimiento de su deber de patria potestad a prestarlos íntegramente, debe tenerse en consideración que su comportamiento, acreditado en el presente caso, constituyó una vulneración frontal y directa al principio general de la buena fe, tanto en su manifestación nuclear, como en sus respectivas aplicaciones (7.1 y 1258 del Código Civil). En efecto, convenció a su marido para que se sometiera a un sufrido y costoso tratamiento de fertilidad, para acto seguido, tener las relaciones extramatrimoniales que dieron lugar al nacimiento e su hija. Comportamiento doloso, a todas luces, que debió reforzar la pretensión restitutoria que aquí se reclama pues, en caso contrario, se premia la impunidad de actuación y la ausencia de la responsabilidad tanto respecto de ella, como del verdadero progenitor, al cual ya no se le podrá reclamar el pago de estos alimentos que el marido realizó, sin causa y de forma indebida.

QUINTO.- Estimado el recurso, no procedería especial declaración sobre costas causadas por el mismo, confirmando la sentencia dictada en primera instancia sin que tampoco proceda especial declaración sobre las costas causadas en ambas instancias ( artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) decretando la devolución del depósito constituido ( Disposición Adicional 15ª.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ).
En consecuencia, la parte dispositiva de la sentencia debía ser la siguiente:
Que debemos declarar y declaramos:
1.- Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don D. contra la sentencia de fecha 8 de abril de 2013 dictada por la Audiencia Provincial de Cuenca (Sección 1 ª) dimanante de autos de procedimiento ordinario nº 514/2010 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tarancón a instancia del hoy recurrente contra doña Natalia .
2.- Casamos la sentencia recurrida dejándola sin efecto y, en su lugar, confirmamos la dictada en primera instancia.
3.- No ha lugar a especial pronunciamiento sobre costas causadas en ambas instancias y en el presente recurso.”

 

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, número 202/2015, de 24 de abril de 2015. Recurso 1254/2013.

 

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