Sentencia que condena a Google por prevalecer el derecho al olvido

Un ciudadano español, cansado de aparecer en los resultados de búsqueda de Google en relación a la publicación de un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por una deuda contraída con la Seguridad Social hacía 16 años, se dirige a la Agencia Española de Protección de Datos.

El litigio nacía entre Google Spain, S.L. y Google Inc., por un lado, y la Agencia Española de Protección de Datos y el Sr. C. G., por otro, tras dictarse una resolución por la Agencia que estimaba la reclamación del ciudadano español  contra ambas sociedades y, se ordenaba a Google Inc. que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos personales de este ciudadano de su índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos.

Frente a esta resolución Google recurrió ante la Audiencia Nacional. La AN plantea una cuestión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con ello se pretende dilucidar la correcta interpretación de los artículos 2, letras b) y d), 4, apartado 1, letras a) y c), 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La sentencia del TJUE, C-131/12, de 13 de mayo de 2014, da la razón al ciudadano español y reconoce su derecho al olvido. En esta se impone la obligación, no sólo a Google, sino de cara a todo motor de búsqueda, de resolver todas solicitud para ejercer el derecho al olvido. El hecho de que trate datos de carácter personal, les obliga a ceñirse y a cumplir la normativa vigente sobre protección de datos.

Los Magistrados del TJUE reconocen como veraces los datos que Google recoge sobre el ciudadano español, sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, así como la finalidad que justificaba en su momento su recopilación, determinan la innecesariedad del mantenimiento de los mismos dentro de sus resultados de búsqueda.

A raíz de la sentencia del TJUE, todo ciudadano que entienda vulnerado algún derecho fundamental por la publicación de datos personales en alguna página indexada por Google, tan sólo tendrá que solicitar a Google su desindexación, de esta manera se evita que el nombre de la persona sea encontrado en sus resultados de búsqueda. No obstante, en el propio formulario de solicitud que facilita Google se advierte de la posibilidad de denegarla, literalmente dice así:

-Al realizar esa solicitud, Google realizará una ponderación entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir información. Al evaluar su solicitud, Google examinará si los resultados incluyen información obsoleta sobre usted, así como si existe interés público por esa información (por ejemplo, Google puede negarse a retirar determinada información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno)-.

Por otra parte, en el mismo formulario requiere la justificación de los extremos siguientes:

“a) Identifique cada resultado de la lista de resultados que quiere que se retire indicando la URL de la página web a la que dirige (la URL se puede encontrar en la barra del navegador después de hacer clic en el resultado de búsqueda en cuestión).
b) Explique los motivos por los que la página web enlazada se refiere a usted (o, si envía este formulario en nombre de otra persona, a esa persona).
c) Explique los motivos por los que la inclusión de cada URL como resultado de búsqueda resulta irrelevante, obsoleto o inaceptable de cualquier otro modo.”

El formulario de solicitud de desindexación de las URL que puedan vulnerar tus derechos fundamentales es el siguiente:

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch.

Como requisitos a reunir para el reconocimiento del derecho al olvido, se valorarán las situación personal y particular del titular, así como la naturaleza de la información, el carácter sensible para la vida privada de la persona afectada, y la necesidad o no de los datos en cuestión teniendo para ello en cuenta la finalidad para la que se recogieron.

Volviendo a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pasamos a detallar los términos del Fallo:

FALLO

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1)      El artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d).

2)      El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

3)      Los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.

4)      Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.”

 

Para concluir,  una vez solicites tu derecho al olvido, en  este caso a Google, y tras concurrir los requisitos, este te sea reconocido, es cierto que habrás logrado que esa información publicada en una concreta página web no aparezcan en los resultados de búsqueda de Google cuando alguien teclee  tu nombre.

No obstante, debemos advertir de la posibilidad de que dicha información pueda continuar a la luz en Internet, lo cual sucederá debido que esa página continúa conteniendo esa información tuya, y así, cuando alguien teclee otras palabras que tengan relación con la página en cuestión podrá tener acceso a dicha información no deseada.

 

Es la sentencia del TJUE, C-131/12, de 13 de mayo de 2014.

 

 

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Google Spain puede ser considerada, en un sentido amplio, como responsable del tratamiento de datos que realiza el buscador Google Search en su versión española (www.google.es), conjuntamente con su matriz Google Inc y está legitimada pasivamente para ser parte demandada en los litigios seguidos en España en que los afectados ejerciten sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y exijan responsabilidad por la ilicitud del tratamiento de datos personales realizado por el buscador Google en su versión española. Ver la sentencia del TS Civil Pleno.

 

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